Por más que se haya empeñado el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en destacar que la nueva Ley de Costas tiene una cláusula para impedir las "barbaridades" que se hicieron al amparo de la norma de 1988, a la que ha venido denominando como anti-Algarrobico, expertos en Derecho Administrativo han dejado claro que ya existían los instrumentos pertinentes para evitar la construcción del hotel de Carboneras, símbolo para los ecologistas de la destrucción del litoral. Ángel Manuel Moreno, catedrático de la Universidad Carlos III, reflexionó ayer en su ponencia sobre esta cláusula y su necesariedad. Detalló que con la nueva normativa los delegados del Gobierno podrán suspender las obras cautelarmente cuando afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre y posteriormente la justicia, en vía contencioso-administrativa dirá si prorroga, mantiene o retira la paralización.

Entiende, por tanto, que desde el Ministerio se ha optado por un modelo confrontacional entre las administraciones al primar la decisión del Gobierno, lo que va a conllevar la judicialización de las competencias y relaciones de las administraciones públicas. De hecho, el catedrático detalló ayer que Junta y Administración General del Estado ya podían impugnar los acuerdos locales cuando se infringen las leyes, de ahí que considere innecesario el apartado legal planteado como cláusula anti-Algarrobico por el propio Arias Cañete. "A veces es un problema de falta de energía en los mecanismos existentes de control e inspección, es un fallo por incuria administrativa", ha aclarado en relación al hotel de El Algarrobico. Ángel Moreno recuerda que el Gobierno tiene a su disposición la posibilidad de impugnar directamente todos los acuerdos de corporaciones locales que sean "contrarios al interés general", una decisión que podría haber adoptado para paralizar la construcción de la mole de 22 plantas. En la nueva normativa, según detalló ayer el Ministerio de Medio Ambiente, se aumenta la protección de las playas vírgenes y se diferencian de las urbanas, que contarán con una mayor flexibilidad tanto en las instalaciones turísticas como en la celebración de eventos y otras actividades. El catedrático de Derecho Administrativo Juan Carlos Pérez Gálvez entiende que la anterior Ley de Costas era buena y permitió corregir los excesos que se habían cometido con anterioridad y frenar los de futuro. "España vivió un punto álgido en 2007 cuando se aprobó la construcción de tres millones de viviendas en los municipios de la costa", argumenta. En este sentido, el director del II Seminario explica que "entre los años 200 y 2010 la urbanización aumentó un 25,4% y la población un 5%", todo un síntoma del disparate inmobiliario. Uno de los aspectos que destaca de la nueva Ley es la previsión de medidas para zonas inundables como las existentes en el Levante.