Los funcionarios del Ayuntamiento de Almería acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en relación a su participación con el concurso para adjudicar las obras del Mesón Gitano por 5,4 millones de euros financiados con fondos europeos han incidido este miércoles en su falta de capacidad para influir en la contratación de la empresa Facto S.A., con la que algunos de sus familiares directos tenían cierta vinculación, dado que sus intervenciones en la redacción de pliegos o en la mesa de contratación no era "determinante" a la hora de adjudicar el contrato.

Los funcionarios del Ayuntamiento de Almería acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en relación a su participación con el concurso para adjudicar las obras del Mesón Gitano por 5,4 millones de euros financiados con fondos europeos han incidido este miércoles en su falta de capacidad para influir en la contratación de la empresa Facto S.A., con la que algunos de sus familiares directos tenían cierta vinculación, dado que sus intervenciones en la redacción de pliegos o en la mesa de contratación no era "determinante" a la hora de adjudicar el contrato. 

Durante su declaración en la primera sesión de la vista que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, el exjefe de Servicio del Área de Servicios Urbanos y actual jefe de Servicio en el Área de Promoción de la Ciudad, J.M.S., ha asegurado que no tenían "ningún" interés en la entidad Facto pese a su hija trabaja como "auxiliar administrativo" en la empresa y, junto con su madre, contaba con participaciones en la sociedad Mirlo Inversiones Levantinas, que a su vez participaba en Facto. 

El acusado, para el que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y otros 17 de inhabilitación, ha incidido en que se encontraba en separación de bienes con su esposa ya fallecida, toda vez que la misma decidió la compra de Mirlo para "elevar su patrimonio privativo" y vio en esta sociedad "una buena inversión". 

Así, según ha detallado a preguntas del fiscal y de su defensa, aunque su esposa llegó a ser administradora de una sociedad que no llegó a tener actividad laboral, posteriormente su participación apenas alcanzó el "diez por ciento" de la misma, ya que vendió a su hija "el 18 o 20 por ciento". 

J.M.S. ha indicado que, mediante "un abogado" sin más intermediarios, posteriormente se trató de vender la sociedad al presidente de Facto, J.T.G., a fin de obtener liquidez dado el delicado estado de salud en el que se encontraba su esposa así como porque su hija "no estaba a gusto" en la empresa. No obstante, dicha operación no llegó a efectuarse pese a que, según la Fiscalía, A.A.O y D.L.A. habrían mediado a tal efecto. 

El acusado ha indicado que no fue hasta un año y medio después del concurso cuando contó al también investigado D.L.A. la vinculación de su familia con Facto para "solo para desahogarse" y sin que supiera que su hermano también trabajaba para la compañía, lo que este ha corroborado. Al respecto, el segundo funcionario, quien participó en la mesa de contratación de las obras, ha apuntado en su declaración que su hermano abandonó la empresa "meses antes" de que él entrara a formar parte del procedimiento administrativo. " 

Ante esta situación, el entonces responsable del área al que se había encargado junto con otros dos funcionarios no imputados la redacción del pliego de prescripciones técnicas de la licitación y adjudicación del proyecto y ejecución de las obras del entorno del Mesón Gitano, ha afirmado que no vio "problema" en aceptar la propuesta del anterior concejal de Obras Públicas y Servicios Urbanos Manuel Guzmán para entrar en el equipo encargado de esta actuación. 

"Las decisiones eran colegiadas y se tomaban por consenso", ha explicado el funcionario, quien también participó posteriormente en la redacción del informe de evaluación de las ofertas que se presentaron al concurso público, en el que Facto y Salcoa obtuvieron la máxima puntuación tras la evaluación técnica al presentar ambas dos proyectos "idénticos" que posteriormente se diferenciaron en su oferta económica. 

Sobre este asunto, ha detallado que el equipo al que pertencía optó de muto propio por elevar un informe a la mesa de contratación para que valorara este aspecto "singular" y que así esta decidiera "continuar" o no con el procedimiento. 

El acusado D.L.A., para el que la Fiscalía pide penas de 39 meses de prisión y 15 años de inhabilitación, ha abundado, como miembro de la mesa de contratación, en que aunque se trataba de un hecho "significativo" y "muy atípico", no correspondía a la mesa adoptar una decisión sobre dichas ofertas, por lo que bajo el asesoramiento de la secretaria se trasladó el informe al Consejo de Administración de la Empresa Municipal Almería Urban para que decidiera lo oportuno. 

Con todo, J.M.S. ha apuntado que el informe de valoración de las ofertas "es una parte importante pero no vinculante" en la contratación de las obras que, según ha insistido D.L.A., corresponde al órgano de contratación --en este caso Almería Urban-- puesto que la mesa no contaba con "poder decisorio". 

Los dos de los cinco acusados que han declarado en la primera jornada de juicio han contestado a las preguntas de la fiscalía y las defensas, pero no así a las de las acusaciones que ejerce el Colegio de Arquitectos y José Luis Raya de la Cruz --quien anteriormente estuvo vinculado a UPyD-- y que finalmente han sido aceptadas por la jueza Juana Cortés en el trámite de alegaciones previas. 

En dicho trámite, además, la juez ha declinado la cuestión de competencia expuesta por las defensas de los acusados, quienes consideraban que el caso debía enjuiciarse en la Audiencia Provincial ante una acusación de fraude y exacción ilegal continuada por una de las partes, si bien se ha determinado que la continuidad inicial aludida no quedaba contemplada finalmente en la calificación jurídica y, por tanto, no elevaba el tipo fuera del ámbito competencial de la juzgadora. 

Del mismo modo, la juez ha rechazado otras cuestiones previas encaminadas a la anulación de las escuchas telefónicas realizadas durante el periodo de instrucción del caso así como otras relativas a la concreción de los escritos de acusación de las partes e incluso de la Fiscalía. El juicio continúa este jueves con la declaración del resto de acusados y los primeros testigos.