El Patio de Luces... y sombras de la Diputación de Almería
La institución supramunicipal ha sido escenario en los últimos quince años años de tres golpes policiales por corrupción con implicación de los principales cargos de los últimos gobiernos socialistas y populares
Claves para entender el caso ‘Mascarillas’: de la adjudicación del contrato en 2020 al derrumbe político en 2025
En junio de 2013 comparecía en la Diputación de Almería el por entonces vicepresidente, Javier Aureliano García, para informar de la remisión a los juzgados de 99 facturas en las que se habían detectado irregularidades de la anterior gestión socialista del Patronato de Turismo en el periodo comprendido entre 2009 y 2011. Con apenas 36 años ya era presente y futuro del partido y la principal voz del PP en la institución provincial. Lideró la denuncia que el equipo de gobierno había presentado a principios de año en el denominado ‘caso Facturas’ anunciando un nuevo tiempo de transparencia y lucha contra la corrupción. El martes era detenido por agentes de la UCO de la Guardia Civil en una operación por el presunto cobro de mordidas vinculadas a contratos públicos, el jueves quedó en libertad con medidas cautelares y el viernes renunciaba a todos sus cargos públicos para poder defender la inocencia que ha proclamado a través de sus redes sociales.
De una trama surgida en la pandemia por las comisiones ilegales en la compra de mascarillas, que en 2021 finiquitaba la carrera política de Óscar Liria cuando era vicepresidente tercero, se ha ido avanzando en la investigación policial con la incorporación y ampliación por delitos similares para acabar descabezando a la Diputación de Almería con la implicación del vicepresidente segundo y del propio presidente. Javier Aureliano García inicia su sinuoso periplo judicial, todavía bajo secreto de sumario, fuera de la institución que lo había investido en dos ocasiones como su máximo responsable, en enero de 2019 y julio de 2023. Un nuevo varapalo para el PP, pero sobre todo para una Diputación que vuelve a estar en el ojo del huracán del tribunal de la opinión pública almeriense.
Meses antes de convertirse en presidente, una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería imponía penas de prisión a 14 acusados del ‘caso Facturas’ por los delitos de fraude a la administración, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, entre otros. Quedó acreditado judicialmente que más de 706.000 euros de la institución supramunicipal se desviaron de su destino y acabaron pagando viajes a San Francisco, estancias en hoteles de lujo de Londres y Marbella e incluso tratamientos en balnearios y centros de estética. La condena más importante fue para María Teresa González, exsecretaria del Patronato de Turismo, con 9 años y 10 meses de cárcel que el Supremo rebajó a 7 años y 10 meses.
La misma pena que dictó para el entonces vicepresidente de la Diputación, Luis Pérez Montoya (PSOE). En septiembre se ha cumplido un lustro de su ingreso en prisión y hace unos meses era condenado a más de cinco años de inhabilitación de cargo público por varios contratos irregulares en contratos a un grupo de comunicación. Fueron los dos artífices de una urdidumbre defraudatoria que se articuló en la facturación falsa y anticipos de caja, con ayuda de empresas y agencia de viaje, para poder disfrutar, al igual que amigos y familiares, de bienes y servicios que pagó la Diputación como si fuera parte de su actividad. Una macrocausa que alcanzó las 21 imputaciones y superó el medio centenar de testigos que dejó muy tocada la reputación y credibilidad del ayuntamiento de los 103 ayuntamientos de la provincia.
No es el único proceso en los juzgados de la anterior gestión de Luis Pérez Montoya. Recientemente se celebraba la vista oral del pleito abierto por los contratos adjudicados a dedo y de forma oral a una empresa de comunicación. El fiscal pedía ocho años de inhabilitación de cargo público por este delito continuado de prevaricación y la acusación reclamaba penas de cárcel. Finalmente se ha llegado a un acuerdo de conformidad para que sean cinco años y medio de inhabilitación. Con anterioridad a esa etapa socialista había sentencias de mucho menor calado, como la del Tribunal de Cuentas que obligó al exconsejero delegado de ACL Radio José Luis Aguilar (PP) a abonar 5.911 euros como “responsable contable directo y solidario” de tres cheques que no se habían justificado. En 2009 también se investigó un presunto delito de prevaricación y otro contra los derechos de los trabajadores contra el que era presidente José Añez (PAL), el que fuera mano derecha de Juan Enciso en el Ayuntamiento de El Ejido, por el despido y trato a los contratados en el antiguo Plan de Empleo Rural (PER), pero esa causa quedó archivada a los dos años y tampoco le salpicaría la Operación Poniente.
En aquella época posterior al acuerdo bipartito de PSOE y PAL (una escisión del PP), Añez llegó a gobernar la institución con sólo dos diputados porque la inmensa mayoría dimitieron para volver a las filas populares. Fue la mayor crisis política de una institución que recuperaba la normalidad con la llegada de Gabriel Amat en 2011. Un nuevo tiempo de estabilidad que parecía dejar atrás el oscuro pasado de corrupción y facturas fraudulentas. Pero nada más lejos de la realidad. La tranquilidad no duraría demasiado. Ya con Javier García en la presidencia, la UCO entró en escena el 15 de junio de 2021 con el arresto de Óscar Liria por haber cobrado presuntamente mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros de un contrato de suministros sanitarios por dos millones de euros adjudicado a la empresa Azor Corporate Ibérica, propiedad de Kilian López, investigado por narcotráfico y tráfico de armas.
Era el primer ‘caso mascarillas’ del país, luego llegarían unos cuantos más. Políticos que aprovecharon un tiempo de conmoción, muerte y tristeza para sacar tajada. Poema visual de nuestra época. Y en plena fase de instrucción de aquella causa inicial se ha articulado una operación policial que ha conmocionado a la provincia con la detención del máximo responsable del PP y la Diputación Provincial. La institución por la que tanto ha venido trabajando en los últimos quince años en proyección turística, lucha contra la despoblación y apoyo de los sectores productivos (Sabores Almería y Talento Almeriense) sale muy mal parada de esta espiral de corrupción y queda pendiente de una nueva investidura en el Patio de Luces... y sombras.
También te puede interesar
CONTENIDO OFRECIDO POR DIPUTACIÓN DE ALMERÍA