LA juez Mercedes Alaya ha construido un relato político sobre lo sucedido en Andalucía con las ayudas a trabajadores afectados por los ERE y a varias empresas. El relato, como narrativa que enlaza unos hechos, se sostiene. Veamos: la Consejería de Empleo diseñó un procedimiento específico para conceder estas ayudas que permitía no someterlas a una fiscalización previa, la elección del grupo de trabajadores beneficiados se hacía sin concurrencia ni publicidad y, a la vez, se beneficiaba a unos intermediarios que terminaban por pagar a los sindicatos. Se conseguía, así, según la juez, la llamada "paz social", 855 millones de euros para ejercer -y así lo define- un "proselitismo político" con el que seguir ganando elecciones. Pero, además, de ayudar a los trabajadores, el mismo sistema se utilizaba para subvencionar directamente a algunas empresas, la mayor parte de ellas concentradas en la Sierra Norte de Sevilla y en un grupo de personas conocidas del ex consejero de Empleo José Antonio Viera. Así, por ejemplo, y en una única reunión del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -que presidía el propio Viera después de largar del cargo al que sería su sucesor, Antonio Fernández- aprobó 16 convenios, y 13 eran para ayudas a la Sierra Norte, con un total de 9,4 millones de euros para empresas de José Enrique Rosendo y José María Sayago. Fue el 30 de enero de 2004.

Los porqués de la sustitución de Antonio Fernández al frente del IFA por su consejero Viera podrían darle a Alaya nuevas claves de lo sucedido en la Sierra Norte, pero quizás ninguno de los interrogados se lo haya explicado.

El relato de Alaya, que son los 143 folios de exposición razonada enviados al Tribunal Supremo, sostiene que lo sucedido en esta Consejería no habría ocurrido sin el consentimiento de la de Hacienda, dirigida por Magdalena Álvarez primero y por Griñán, después, que aprobó las ampliaciones de crédito cada vez que el sistema entraba en déficts, y estos sumaron 125 millones de euros, y sin el conocimiento del presidente de la Junta, Manuel Chaves, debido a que en función a su cargo era él quien marcaba las directrices de su Gobierno.

Como relato está bien, pero es más que probable que el Supremo no contemple este supuesto como un indicio claro para procesar a Manuel Chaves. No hay una reunión, una declaración, un papel firmado o una competencia expresa que lleve a concluir que Manuel Chaves permitió o alentó el fraude de los ERE. No lo hay, al menos, en el escrito que Alaya ha enviado al Supremo. Veamos lo que dice: "Es lógico deducir que esta decisión y, sobre todo, abarcando varias legislaturas, es una decisión marcadamente política. Es impensable que un consejero por sí solo decida incumplir la competencia exclusiva del Estado y, por ende, la Constitución y el Estatuto; por ello es altamente probable que tanto el presidente Manuel Chávez [sic], a quien le correspondía fijar las directrices de su Gobierno, como el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, entre cuyas competencias estaba la asistencia técnica del presidente, hayan tomado tal determinación en connivencia con José Antonio Viera".

"Altamente probable" no parece un buen indicio. En su exposición razonada ante el Supremo, Alaya amarra bien lo que puede dar pie a la imputación de algunos de los nueve aforados, pero, sobre otros, lo cierto es que hay serias dudas. Mar Moreno, por ejemplo, ejerció de consejera de Presidencia cuando ya se sabía del escándalo de los ERE y, durante ese mandato, se hicieron modificaciones para dar concurrencia y transparencia al sistema. Sin embargo, cree necesario imputarla porque en el Consejo de Gobierno se siguieron aprobando ayudas a trabajadores; entre ellos, a los del astillero de Huelva. Es más, la juez censura a la Junta que en 2012 modificase mediante un decreto ley todo el sistema; en su opinión, lo que se buscaba era legalizar el pasado. Quizás la juez hubiera seguido avanzando en el tiempo, buscando a la siguiente consejera de Presidencia, que era Susana Díaz, pero ya no se aprobó ningún convenio más.

Como otras tantas veces, la juez recurre a un símil geométrico para explicar las relaciones penales: esto es como una responsabilidad en "racimo", donde "cada uno es necesario para el todo, y el todo es necesario para otorgar cada una de las subvenciones". Es lo que le sugiere al Supremo: cojan ustedes el racimo completo, con sus nueve aforados incluidos, porque si no, esto no se entiende, será un "caos procesal", no quieran juzgar uva a uva. Chaves puede estar tranquilo en lo personal después de saber qué cuenta Alaya de él, no aporta ni un indicio, aunque lo contado en muchos de sus capítulos requiere a su vez de un relato por parte de sus gobiernos, de una respuesta veraz.