La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha señalado que su departamento prepara un plan extraordinario a tres años de formación de empleados públicos, más especializado y centrado en la transformación digital de la Administración.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario de 2018, Collado ha explicado que este plan, que será adicional al anual ya aprobado, se ha acordado tras realizar un examen de las necesidades de formación para adecuar oferta y demanda.

Este plan se enmarca en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que contará este año con un presupuesto de 85,9 millones de euros, un 8,3% más que en 2017, lo que refleja "el incremento de la actividad formativa y de selección de nuevos funcionarios" derivados de las últimas ofertas de empleo.

La partida de formación para el empleo alcanza los 60,6 millones de euros, 2,5 millones más, distribuidos entre comunidades autónomas (30,5 millones), administración local (11,8 millones), Administración General del Estado (11,7 millones) y acciones formativas interadministrativas (6,6 millones).

Collado también ha destacado los esfuerzos realizados en la administración digital, ya que el sistema FACE ha gestionado desde enero de 2015 más de 25 millones de emisiones electrónicas de facturas, por un importe superior a 121.000 millones de euros.

En ese sentido, ha avanzado que en el segundo semestre del año se pondrá en marcha el centro de operaciones de ciberseguridad, un servicio compartido para proporcionar protección a toda la Administración.

Además, la secretaria de Estado se ha referido al nuevo concierto suscrito por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), que incrementará un 5,62 % la prima en sus dos años de vigencia, hasta sumar 2.191 millones de euros, y que permitirá la incorporación de 100.000 nuevos mutualistas.

Ha confiado en poder dedicar los fondos adicionales previstos en el acuerdo salarial del empleo público, que en el caso de la administración general del Estado ascienden a casi 127 millones , a dar "respuesta a determinados colectivos que quizá hayan estado un poco abandonados", como los vigilantes de museo.

De hecho, la Secretaría de Estado tiene un "calendario" de materias para negociar una vez que se apruebe el Presupuesto, entre ellas la jornada de la Administración General del Estado o la conciliación, que es una "prioridad" del Gobierno.

Respecto a las plataformas de interinos, que critican que la oferta pública de empleo les dejará sin trabajo, Collado ha cuestionado que reclamen un "proceso diferente, que no respete los principios constitucionales", y ha considerado que su "experiencia" les ayudará a conseguir una "plaza fija" porque se trata de un concurso oposición.