El PP ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Senado que permitirá a este grupo, que goza de mayoría absoluta en la Cámara y en su Mesa, retrasar al máximo la tramitación de la ley de amnistía que el PSOE ultima con el independentismo catalán para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

Cuando la presentación de la proposición de ley negociada por los socialistas parece inminente en el Congreso, los populares han movido ficha en el Senado para articular una reforma que en la práctica permitiría frenar el debate de la norma que, como todas las iniciativas legislativas, debe pasar por la Cámara Alta antes de su aprobación definitiva.

La clave consiste, según fuentes del grupo popular, en dejar a la Mesa del Senado la potestad para decidir si una proposición procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia.

Sin trámite de urgencia cualquier propuesta legislativa, también la de amnistía, puede demorarse hasta un máximo dos meses, incluso más tiempo si por medio hay "vacaciones parlamentarias" como es el caso del mes de enero, inhábil en las dos cámaras legislativas.

El plazo urgente reduce los plazos a veinte días naturales, y lo que pretenden los populares es reservar esta potestad únicamente para los proyectos de ley promovidos por el Gobierno y eludirla para las proposiciones que firman los grupos parlamentarios.

Así, la propuesta de reforma reglamentaria, tras recodar que la Constitución reduce a esos 20 días naturales el plazo para que el Senado vete o enmiende proyectos declarados urgentes por el Congreso, hace hincapié en que no se refiere a las proposiciones de ley.

Ello excluye de lleno a la ley de amnistía, que el PSOE pretende registrar mediante un texto firmado por su grupo y por el mayor número posible de socios.

Justifica el PP esta modificación, sin citar en ningún momento la ley de amnistía, bajo el "principio de autonomía reglamentaria" de ambas Cámaras recogido en la Carta Magna y hace hincapié en que el Reglamento del Senado da prioridad a los proyectos sobre las proposiciones de ley.

El cambio planteado, que el PP tiene garantizado gracias a su mayoría absoluta en el Senado, introduciría un nuevo apartado en el artículo 133 del Reglamento.

Según este nuevo apartado "en las proposiciones de ley, la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un grupo parlamentario o de veinticinco senadores".

De este modo, para su tramitación urgente sería imprescindible el acuerdo previo de la Mesa; en todo caso, estos cambios deberían ser aprobados por el Senado cuando antes, ser admitida la propuesta por el pleno en alguna de sus próximas sesiones y pasar por la Comisión de Reglamento antes de su aprobación definitiva por el pleno.

Propuesta de Vox

Vox también ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Senado con la que busca dar la potestad a la Presidencia de la Cámara para suspender la tramitación de los proyectos de ley que no tengan informes preceptivos, como el de la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas.

Se trata de una propuesta que Vox registró el pasado martes, como el planteamiento del PP para dilatar la amnistía, aunque en este caso los de Santiago Abascal buscan paralizar la ley de amnistía hasta que haya informes preceptivos.

El texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Europa Press, pide reformar el Reglamento para que "recibida en el Senado una proposición de ley aprobada por el Congreso, en caso de no haberse incorporado los informes que, de haberse presentado esa iniciativa por el Gobierno como proyecto de ley, hubieren sido preceptivos conforme a la ley o las leyes aplicables en cada caso, uno o más senadores podrán reclamar su incorporación antes de continuar su tramitación".

Y ante esto, la Presidencia del Senado, que ostenta el 'popular' Pedro Rollán, solicitará los aludidos informes y, hasta que se reciban, quedará suspendida la tramitación de la proposición de ley.