Un hilo de esperanza para el sector pesquero dedicado al arrastre en Almería. Está previsto que pase a votación por el Parlamento Europeo el próximo 10 de enero, si bien Europa estima su entrada en vigor para junio de 2019, pero ahora surgen nuevos argumentos y fundamentos en base a los que se pide la retirada de la actual propuesta del Plan de gestión plurianual de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.

Recientemente, representantes del sector pesquero andaluz afectados por la nueva medida, entre ellos José María Gallart, gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería, y de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, entre los que se encontraba Clara Aguilera, miembro de esta comisión y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, así como eurodiputados de Francia, Portugal e Italia, se reunían en Sevilla. En este encuentro se expusieron las novedades que han surgido en torno al plan de arrastre desde que empezara a tramitarse. Una de ellas se refiere a las zonas de veda, ya que la propuesta de la Comisión Europea (CE) del 8 de marzo, incluye la restricción de la actividad de los arrastreros en los fondos marinos hasta 100 metros de profundidad, entre el 1 de mayo y el 31 de julio de cada año, a fin de reservar la banda costera para los artes más selectivos; de ese modo se protegerían las zonas de reproducción y los hábitats sensibles y aumentaría la sostenibilidad social de la pesca artesanal. En este sentido, la CE hace su propuesta en base a una evaluación sobre las poblaciones de peces que, según su texto, de seguir la tendencia actual estarán sobreexplotadas en 2025. Pues bien, la Stecf (el comité científico, técnico y económico para la pesca) en el que la Comisión justifica su propuesta señala que no alude a esa distancia de profundidad puesto que no se encargó un estudio sobre ello. Por otro lado, el sector pesquero aclara que sí hay un estudio de la Mediseh (Mediterranean Sensitive Habitats) que pone de manifiesto que los alevines, sobre todo, de salmonete, merluza y bacalailla se localizan a más de 200 metros de profundidad, “por ello esta propuesta no debe seguir adelante”.

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Otro de los argumentos por los que se pide que se retire esta propuesta de la CE sobre el plan de pesca demersal en el Mediterráneo occidental radica en unos datos sobre el estado de las pesquerías en este mar ofrecidos por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) en el marco del Fish Forum organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en Roma en diciembre. En este contexto se dio a conocer oficialmente el volumen de capturas entre 2012 y 2016 con cifras que demuestran que los niveles de biomasa mejoran, que el esfuerzo pesquero es menor y la situación del Mediterráneo mejora. Concretamente se cita que el porcentaje de peces sobreexplotadas disminuyó un 10% con una importante reducción de la pesca desde el 1980 a 2016, pasando de 2 millones de toneladas a 1,2 millones. Analizando las pesquerías país por país se desprende que Turquía es el que más pesca en el Mediterráneo occidental (26% del total), después se sitúa Túnez (15%), Argelia por su parte captura el 8%, mientras que para España se computa el 7% disminuyendo un 1,5%. En este sentido queda constatado que no son los países comunitarios los causantes de la supuesta situación de sobreexplotación a la que se alude en la propuesta y que queda desmontada por la aclaración de la Mediseh.

Ya en mayo de este año la eurodiputada Clara Aguilera apuntaba a que no tiene sentido una norma que sólo afecte a los países europeos que pesquen en este área. Así señala concretamente: “La posición del Parlamento mantiene, y yo como ponente voy a resaltarlo, que la gestión del Mediterráneo no es exclusiva de Europa, pues hay otros países que interfieren. En zonas como la nuestra compartimos con Marruecos, por lo que el esfuerzo que hagamos la flota andaluza puede no tener su paralelismo en la flota marroquí y eso es una desigualdad. O esto se lleva a cabo por todos o habrá unos sacrificados (como Garrucha, Almería, Carboneras, Motril...) mientras que otras zonas seguirán con sus actuaciones. En esta línea, ya informaba que se había solicitado la opinión a la CGPM, “que puede hacer una mirada más puntual y por zonas, para que el plan no sea de aplicación general”.

Todas estas novedades respaldan las alegaciones que presentó Aguilera este verano. El trámite parlamentario para sacar adelante la propuesta estaba previsto para el pasado 27 de noviembre pero un día antes la europarlamentaria y ponente del plan Clara Aguilera solicitó la suspensión de la votación. Es necesario recordar que la europarlamentaria presentó un informe con 59 enmiendas a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que hacía la Comisión que contempla diez capítulos y veinte artículos y que no contentaba al sector por dos aspectos principalmente: las zonas de veda y la limitación del esfuerzo. Además, entre otras propuestas, Aguilera mantiene que se atiendan todos los factores de sostenibilidad en el sector pesquero, no sólo el medioambiental, sino también el económico y social.

Por todo lo expuesto, el sector ya no pide que se hagan más alegaciones al plan sino su retirada. Ya lo hizo en el encuentro reciente en Sevilla y lo hará al Gobierno central, “para que ejerza su derecho de veto en caso de que se llegue a votar”, dice Gallart, quien mantiene que los pescadores son los primeros que quieren aplicar medidas de gestión en pro de la sostenibilidad porque su vida depende de ello pero con sentido común. En esta línea, Andalucía se adelantó a los deberes con un plan regional por sus características singulares, y en consonancia exigen que sea un plan para todos y no sólo para los países comunitarios ya que no tiene sentido limitar la pesca a unos y otros se beneficien de ello. El gerente de Asopesca informa de que van a iniciar una ronda de contactos a nivel nacional con todos los partidos del arco parlamentario para comunicar las últimas novedades.

La CE tiene previsto dar vía libre al plan en junio de 2019 aunque no sería hasta la reunión del Consejo de Ministros de diciembre del año que arranca cuando se decidirá sobre la reducción del esfuerzo pesquero. Tal y como decía Aguilera hace unos meses: “Dada la presentación tardía de esta propuesta por parte de la Comisión Europea, es materialmente imposible conseguir alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en todas las poblaciones afectadas en 2020, sin una reducción sin precedentes y de efectos catastróficos para las flotas del Mediterráneo occidental”.