Al no referirse a la amnistía y la autodeterminación, las concesiones hechas a los independentistas para hacerse con la presidencia del Congreso y la mayoría de la Mesa (PSOE 3, Sumar 2) aspiran a una apariencia de normalidad y legitimidad que facilitaría su digestión por los ciudadanos. Todo dentro de la ley, además.

Es pura apariencia. Por su génesis: nacen de la negociación con un individuo fugitivo de la Justicia y enemigo declarado de España. Pero también por su contenido. Parecen cosas menores y, consideradas de una en una, pueden ser poco relevantes. Como eso de implantar desde ya el uso cotidiano de las lenguas cooficiales en el Congreso e intentar de pronto oficializarlas en la Unión Europea, la investigación de las llamadas cloacas del Estado por su presunta relación con los atentados yihadistas en Cataluña e indagar las operaciones de espionaje de Pegasus contra líderes y activistas del independentismo. A ver, ninguna de estas reivindicaciones es trascendental. En cambio, juntas resultan importantes: son avances en la asunción por el Estado del relato independentista y, en esa medida, retrocesos en el relato constitucionalista y democrático. Imponen la idea –respectivamente– de que el catalán está desprotegido y merece ser realzado usándolo en la tribuna del Congreso para ser traducido al idioma oficial común, que los dirigentes secesionistas fueron espiados ilícitamente por el Estado español (cuando todas la escuchas fueron autorizadas por los jueces, y el Gobierno ya ofreció la cabeza de la directora del CNI) y que los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils habían sido promovidos por los servicios secretos de España, un bulo infame al que ahora da pábulo el Gobierno español.

Falta la amnistía, que llegará en la próxima estación de penitencia, con una fórmula que ya se prepara a marchas forzadas. Es un paso más decisivo: los indultos y el alivio penal de la secesión y malversación, al fin y al cabo, no exculpaban a los golpistas, sólo los perdonaban y favorecían si reincidían en el futuro. Ahora hay un salto cualitativo. Se está comprando el relato de los independentistas: aquí no pasó nada, la declaración de independencia fue libertad de expresión, el referéndum reflejó la voluntad de un pueblo sojuzgado y los que entraron en la cárcel o se fugaron son presos políticos y exiliados. España es una democracia incompleta. Gracias, Puigdemont. Gracias, Sánchez.