La final de la Copa del Rey del pasado fin de semana estuvo precedida por una agria polémica política, que no deportiva, relacionada con el protocolo a aplicar en el palco. El pasado 5 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció oficialmente que no asistiría a la final de la Copa del Rey, tal como lo ha hecho desde el año 2021, y que delegaría su representación como presidente del Gobierno en la vicepresidente primera María Jesús Montero.

Dado que en ocasiones anteriores no se había dado esta situación, en 2022 el presidente de la Junta de Andalucía ocupó el lugar a la derecha del rey en ausencia del presidente del Gobierno. Lo mismo ocurrió en 2003, cuando el rey estuvo acompañado por la infanta Sofía, mientras Miquel Iceta ejercía como ministro de Cultura y Deporte. Parece evidente que se trata de una herramienta más en la lucha política del Gobierno central contra la Junta de Andalucía y no un problema de protocolo.

Y así es, se trata de una polémica política, no protocolaria, porque en protocolo está claro que la responsabilidad de los eventos recae en sus organizadores. Esto significa que el control y la propiedad de un evento pertenecen a quien lo organiza, en este caso, la Real Federación Española de Fútbol. Según esto, por lo que sería la RFEF la responsable del diseño y ejecución del protocolo en el palco de la Final de la Copa del Rey, y no los participantes del evento en sí.

En segundo lugar, los eventos deportivos no son actos oficiales, no están organizados por ninguna administración y no están sujetos a ninguna normativa protocolaria externa, salvo la propia, a diferencia de los actos oficiales regulados en España por el R.D. 2099/83 y en Andalucía por el Decreto 77/2002.

Así, el Comité Olímpico Internacional, en el Artículo 51 de su “Carta Olímpica”, establece que: “Durante toda la duración de los Juegos Olímpicos, la Comisión Ejecutiva del COI es la única competente para establecer el protocolo aplicable en todas las instalaciones y emplazamientos dependientes del Comité Organizador COJO”.

Cabe citar que Almería albergó una edición de los Juegos Mediterráneos, y el Artículo XXI de su “Carta Mediterránea”, dedicado al protocolo, establece que “las ceremonias de apertura y clausura se llevarán a cabo de acuerdo con el protocolo decidido por el Comité Organizador de los Juegos Mediterráneos”.

De igual manera, la FIFA establece el lugar de honor del palco para su presidente, o en caso de ausencia, detalla las precedencias federativas que lo sustituyen, asignando la segunda posición al representante del Gobierno. Al mismo tiempo, la FIFA tiene previsto un protocolo especial en caso de asistencia del presidente del país anfitrión o de los reyes, como ocurrió en el Campeonato del Mundo de Fútbol de España en 1982.

Basándonos en esta premisa generalizada del protocolo deportivo, este no está regido por ninguna normativa externa, sino por las directrices establecidas por el propio organizador. Sin embargo, esto no significa que, en la medida de lo posible, no se respeten los puestos asignados a las personalidades no deportivas, de acuerdo con la precedencia oficial de las autoridades que asisten a un acto, conforme a la normativa establecida en cada país. Pero habrá que tener en cuenta que la organización de un acto no oficial queda a discreción del organizador, como es el caso de la final de la Copa de S.M. el Rey, cuyo organizador es la Real Federación Española de Fútbol.

Con conocimiento de esto y de lo ocurrido en ediciones anteriores, desde la presidencia del Gobierno se esgrimió ante la RFEF el artículo 9 del R.D. Decreto 2099/1983: “La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que le corresponda por su propio rango, salvo que ostente expresamente la representación de Su Majestad el Rey o del Presidente del Gobierno”; olvidando que el organizador no era el Gobierno y que no se trataba de ningún acto oficial.

Finalmente, el organizador, la RFEF, resolvió la tensa situación cediendo parcialmente a las pretensiones del Gobierno central. Por un lado, aceptaba la representación de la ministra y, por otro lado, cedía su puesto al presidente de la Junta de Andalucía, lo que permitía que su presidente se situara junto al rey. Quedaba demostrado que no era un problema del protocolo, sino un claro caso de intromisión política en la organización protocolaria.