Durante años, la maquinaria propagandística del Partido Popular ha insistido en señalar el caso de los ERE como el mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de España. Es una afirmación que no soporta un análisis riguroso y que hay que entender como una estrategia de partido. Pero no cabe duda de que se produjeron unos comportamientos gravísimos que han quedado acreditados en una sentencia del Tribunal Supremo. Además, el caso presenta unos episodios sórdidos que han impactado en la opinión pública y que están detrás de la deslegitimación social que ha sufrido el PSOE en Andalucía. De todos ellos, los más sangrantes son los que rodean el comportamiento del fallecido Francisco Javier Gutiérrez cuando ocupó la Dirección General de Empleo y que refleja la degradación moral a la que se llegó en un departamento que dirigía una de las políticas estratégicas de la Junta. Estos hechos vuelven al primer plano en el juicio que se inició el lunes en la Audiencia de Sevilla contra Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del director general y que ya ha relatado en varias ocasiones cómo con fondos destinados a las ayudas que concedía la Consejería se compraba cocaína, se adquirían regalos y antigüedades o se organizaban fiestas. Guerrero, Trujillo y otros personajes igualmente siniestros, como el conseguidor Juan Lanzas, marcan hasta dónde llegó en aquellos años la podredumbre instalada en un departamento del Gobierno andaluz, con detalles que dan escalofríos como el gasto de 25.000 euros mensuales en cocaína para el consumo del director general y de su conductor. Una etapa negra en la Junta de Andalucía a la que todavía le queda un largo recorrido judicial, que no quedó sustanciado con la sentencia del Supremo, cuyos recursos todavía tiene pendiente de resolver el Tribunal Constitucional. La ciudadanía andaluza, por su parte, ya se encargó en las urnas de depurar las responsabilidades políticas que perseguirán para siempre a los gestores de aquel periodo.