La ministra de Sanidad, Mónica García, en un alarde de cerrazón y falta de diálogo, ha decidido imponer el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios, en contra del criterio de un buen número de comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que exigían mayor concreción en los informes técnicos y que eran partidarias de que su uso fuera sólo una recomendación. A nadie se le escapa que una situación sanitaria como la que atraviesa España en estas semanas, con un pico de contagios de infecciones respiratorias, la adopción de medidas profilácticas no sólo es pertinente, sino necesaria. En la pandemia el uso de la mascarilla se reveló como una de las más eficaces, tanto por la protección que representa para el usuario y para las personas que estén en su entorno como por el elemento de concienciación colectiva que representa. Pero parece que en el actual panorama político español cualquier circunstancia sirve para iniciar una guerra entre partidos y el uso de las mascarillas no ha sido una excepción. A un lado de la trinchera, el Ministerio de Sanidad, que controla Sumar, y al otro, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La ministra García se reúne por la mañana con los consejeros regionales y a la vista de la falta de consenso les da 48 horas para que aporten documentos. Pero esa misma tarde decide tirar por la calle de en medio e impone la obligatoriedad. Así se las gasta el Gobierno y se abre un conflicto tan artificial como incomprensible para la opinión pública. En una materia tan sensible para la ciudadanía como la salud pública echar pulsos políticos es una mala idea, tanto por una parte como por la otra. Una vez más se deja de lado el sentido común, que ya estaban aplicando muchos ciudadanos cuando se acercaban a su centro de salud protegidos por la mascarilla. Más allá de obligatoriedades o prolijos informes técnicos, es lo que toca mientras la incidencia de casos esté al alza.