La legislatura apenas ha empezado a andar, pero ya muestra una realidad incontestable: los socios de Pedro Sánchez, en especial los separatistas catalanes, son insaciables y siempre van a pedir más. Se demostró en el Pleno del Congreso de la semana pasada, en el que a cambio de la abstención en la votación de dos decretos obtuvieron las competencias en inmigración y se vuelve a constatar con las enmiendas que han presentado a la ley de amnistía. Junts, cuyos siete diputados son la llave de cualquier acuerdo, ha hecho una apuesta de máximos que incluye los delitos de terrorismo que se cometieron al amparo del proceso secesionista y trata de blindarla frente a la posibilidad de que pudiera ser paralizada por la Justicia europea. El objetivo de esta última medida es favorecer la vuelta al país de Carles Puigdemont tan pronto la ley quede aprobada sin que pueda ser detenido y llevado ante un juez. El PSOE se opone, por ahora, a estas pretensiones y rechaza que la amnistía beneficie a los condenados por delitos de terrorismo con sentencia firme. Pero, dados los antecedentes que existen en las relaciones entre la formación independentista y el partido que encabeza el Gobierno, no es muy arriesgado pronosticar que la negativa del PSOE durará hasta que la presión de Junts en cualquier votación consiga que ceda. Los socialistas han cruzado ya tantas líneas rojas para asegurar la permanencia en el poder que las enmiendas a la ley que está en tramitación no se dibujan como una barrera insalvable, sino todo lo contrario. Aunque ello suponga, una vez más, soslayar el Derecho de la Unión Europea o comprometer principios constitucionales, como el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso hecho público el miércoles dejó en evidencia. Mientras, la posibilidad de un referéndum soberanista empieza a abrirse paso en el debate político. Será la próxima estación de un camino sin final.