El Gobierno central se ha comprometido a suministrar la información para que se puedan determinar las balanzas fiscales con las comunidades autónomas, la relación entre lo que aporta el Estado a cada una de ellas y lo que recauda por la fiscalidad. La cesión forma parte del chantaje al que sistemáticamente tendrá que acceder Pedro Sánchez con los independentistas para sacar adelante cualquier propuesta durante esta legislatura. En este caso, se da satisfacción a una exigencia de Junts a cambio de la huida de las votaciones de sus siete diputados, que permitió que el Congreso convalidara tres decretos leyes. Una vuelta de tuerca más para tratar de demostrar la eterna cantinela del agravio, el soniquete que declaman los separatistas para justificar una pésima gestión que ha provocado un serio retroceso de Cataluña en los últimos tres lustros en buena parte de los parámetros económicos y sociales. El propio Ejecutivo admite en sus informes oficiales sobre este asunto que “no existe una metodología única” para medir y que el debate no se puede trasladar a la financiación autonómica “porque no refleja la equidad” ya que sólo constata las actuaciones de la Administración central y tampoco refleja la eficiencia “porque las regiones de renta alta suelen presentar saldos positivos en su balanza comercial interior”. No hay dudas de la necesidad de abordar el debate de la financiación autonómica, pendiente desde 2014. Pero si hay un principio que debe presidir cualquier actuación en España y en Europa es el de la solidaridad. Este año se cumplirán tres décadas de la creación de los fondos de cohesión que tanto han contribuido al avance de las regiones europeas menos desarrolladas. Quizá Junts debería reclamar a la Generalitat que publique su balanza fiscal provincializada. Porque, con ese mismo espíritu, igual los residentes en Barcelona no comparten que con sus impuestos se puedan financiar servicios en Lérida.