Los ayuntamientos andaluces tienen ahora la última palabra. A ellos les corresponde trasladar a sus ordenanzas municipales y planes urbanísticos el contenido del reciente decreto aprobado por el Gobierno andaluz para regular las viviendas de uso turístico en Andalucía. Son más de 116.000 los inmuebles destinados a este fin en la comunidad autónoma, con una oferta de plazas que supera las 600.000. Estamos ante una actividad económica de primer nivel y una solución de vida para miles de propietarios. Pero el despliegue sin el más mínimo control ha ocasionado problemas de convivencia en comunidades de vecinos, ha recortado de forma significativa la oferta de alquileres de larga duración y provocado un éxodo de residentes a los extrarradios de los núcleos urbanos ante el alza de los precios. Ciudades como Sevilla, Málaga y Cádiz, por citar solo tres ejemplos, padecen uno o varios de estos problemas. No hay tiempo que perder para implementar los cambios, entre otras cuestiones, porque las nuevas reglas no se aplicarán con retroactividad, excepto para las condiciones de habitabilidad que se exigen a las casas. Los límites que “por interés general” podrán imponer los ayuntamientos al aumento de este tipo de pisos en calles y barrios saturados sólo afectarán a las peticiones a partir de 2024. Las primeras reacciones de los consistorios han sido de prudencia con el argumento de que hay que estudiar el decreto a fondo. Es cierto que no será fácil justificar por qué se restringen unos derechos económicos a unos vecinos mientras se les permite a otros. Pero el análisis no puede conducir a una parálisis, más cuando la nueva regulación ya llega tarde. Sí es necesario adaptar con rapidez la norma a los aspectos básicos para la convivencia. El decreto permitirá a la empresa explotadora de la vivienda turística expulsar en 24 horas a los inquilinos que incumplen las reglas o usen los alojamientos para fines distintos a los contratados.