Quién puede dudar que el siguiente paso será el referéndum? Previamente, se oficializará un brutal privilegio económico para el nacionalismo catalán, a imagen y semejanza del vasco. Ya ha sido anunciado por sus heraldos empresariales, siempre prestos a arrancar la siguiente ventaja. El despiece de la vaquilla estatal está en marcha. El que no corre, vuela con el business y Koldo el último.

Un infinito sopor te invade cuando conectas la tele y ves al triministro mover los brazos con la misma convicción que los títeres de la Tía Norica. El sanchismo tranquilo de Page o Robles se abraza al sanchismo sin atributos de felices consentidores; girasoles que se mueven al compás de cada opinión expresada por la camarilla del amado líder. Son los que sudan la camiseta del partido. ¿Para qué pensar si de lo que se trata es de conservar el poder?

Da igual que guardias civiles, policías, el sector primario o sanitario protesten. No tiene importancia que el derrumbe industrial de España coincida con la uberización de un sector terciario, caracterizado por trabajos precarios. La cuantificación del paro se ha convertido en un chiste sin gracia, donde alrededor de 800.000 desempleados tienen la personalidad secreta de “fijo discontinuo” por obra y gracia del Gobierno. Prometieron una reforma laboral y engendraron un conjunto de renuncias sociales insultantes. La realidad ha decaído en beneficio del mensaje y de la apropiación de significantes bendecidos por el duopolio televisivo, que definen como progresistas a los que han empeorado nuestro poder adquisitivo sin parar desde 2018.

Toda esta situación provoca un hedor a rancio y una desesperanza para la que ya no es suficiente el sálvese quien pueda, cuando constatas que siempre se salvarán los mismos que lo hicieron en el Titanic o en cualquier otro tiempo y lugar. Somos ciudadanos de segunda o incluso de una categoría inferior. Al bodrio jurídico de la proposición de ley de amnistía original le ha sucedido algo que sitúa a España como un Estado donde rige la arbitrariedad y la separación de poderes depende de una aldea gala donde unos esforzados miembros de la judicatura, cada vez más solos, tratan de mantener el chiringuito en pie. Desconozco si esta nueva versión facilitará que algún día se juzgue a aquellos que prometieron guardar y hacer guardar la Constitución y hoy son meros validos de prófugos y presuntos terroristas o traidores.

Cuando la impunidad arraiga entre los pilares de una sociedad democrática, es solo cuestión de tiempo que la podredumbre termine por aniquilar el Estado. En cierta manera, el golpismo separata ha logrado ya prácticamente su objetivo. La degradación institucional avanza. Cuando la amnistía se apruebe, su deformada versión será la oficial. Desde ese instante, nada puede ser igual. El que no aprecie esa cesura no entiende cómo funciona un Estado o, simplemente, le da igual. Principios como la igualdad y la seguridad jurídica decaen y se transita la procelosa senda del autoritarismo. Se ha asumido que las decisiones se tomen entre un grupo minoritario que se reúne sin luz ni taquígrafos para decidir nuestro futuro. Tienen la cara dura de llamar reuniones discretas a esas componendas extraparlamentarias, cuando, en realidad, suponen una absoluta falta de respeto a la voluntad de los españoles y sus instituciones, convertidas en herramientas de usar y tirar…o airear datos fiscales. Tanto abogar por sustituir el término disminuido en nuestra Constitución y han terminado por parir una democracia disminuida.

La muy comentada brecha entre representantes y representados se ha tornado en abismo. La ciudadanía se ha convertido en el atrezo de los políticos y sus amigos financieros. Servimos para votar, rellenar mítines y, de vez en cuando, pitar en las fiestas de guardar. Paga y calla. Pero no nos engañemos. No es nuevo. Zapatero y Rajoy se reunieron para reformar el artículo 135 de nuestra Constitución, lo que en buena parte deja sin efecto la consideración de España como Estado social. No se contó con los ciudadanos. Se hizo rápido y sin debate. Años después, esta oposición delulu, que lo mismo pide un mediador internacional para no ser menos o te reza un rosario en plena manifestación, acuerda con el sanchismo la reforma del artículo 49 de la Constitución, donde se establece un trato específico para las mujeres discapacitadas. Se repite la falta de deliberación pública y se excluye una participación activa de la ciudadanía. En ambos casos puede hasta que tuvieran razones de peso para la reforma, aunque me temo que después de la primera no es serio calificar al difunto PSOE como partido de izquierdas. No obstante, en ambas deberían haber tratado a los españoles como ciudadanos a tiempo completo y no como meras manos sudorosas que estrechar para, cada cuatro años, contar con la legitimidad suficiente para obtener el ansiado poder. “Emosido engañado”, que escribió alguien.