EL Ministerio de Hacienda ha publicado el capítulo de gastos de las 17 CC. Autónomas de España. Sabemos que la mayoría de sus Presidentes, directivos y diputados se niegan a asumir el techo de gasto que propone el Gobierno de España como medida urgente parar contener el déficit público. Así sabemos que las CCAA vienen incumpliendo reiteradamente su capacidades de gasto y recurren al Estado que con inaudita generosidad,(¿irresponsabilidad?) viene satisfaciendo las exigencias de las Autonomías. El caso más aberrante se refiere a Cataluña, que no es el único. Entre las continuas políticas de despilfarro, sobresale lo más lacerante; Las Autonomía se gastan en sueldos 4.000 millones de euros más que hace tres años. Como cabe imaginar destacan en el despilfarro Cataluña con 900 millones más de gasto improductivo y Andalucía con 800 millones más con el añadido que Andalucía ya acumula otro incremento salarial de 283 millones de euros desde enero a julio de este año. Habrá que aclarar que este capítulo se refiere a los 72.000 millones que se han gastado las CC AA en pagar empleados públicos, personal contratado, empleados de agencias y empresas públicas, asesores, etc. Es decir todo improductivo. Por dar un solo detalle, el entramado administrativo autonómico se gasta 200 millones de euros al día en pagar nóminas. Este elevado coste de la administración Autonómica no mejora en absoluto la calidad de los servicios sociales elementales; sanidad, educación, infraestructuras, justicia, seguridad, etc. Aumenta exponencialmente la elevada deuda que las Autonomías incrementan año tras año sin que haya alguna referencia sobre el control de gasto y la austeridad responsable.

Leemos en las mismas fechas que el Gobierno de España ha comunicado a Bruselas que el Fondo de Reserva de Pensiones se agotará en el año próximo y habrá dificultades para la paga extra de 2017.Se prevée un déficit de 35.000 millones de euros entre 2016 y 2017 en el sistema de pensiones. Es decir, el actual sistema no da para más. A cierre de 2015 el Fondo contaba con 32.481 millones de euros que se han utilizado para pagar las pensiones, pero el año próximo quedarían en el Fondo 13.500 millones que habrá que suplementar con otros 16.000 millones para poder atender los pagos de 2017. La situación es de preocupante por cuanto el pago de las pensiones es el primer capítulo del estado de bienestar y no una graciosa concesión sino el derecho incuestionable de los trabajadores que vienen cotizando al sistema. Posiblemente entre los graves e inaplazables problemas que hayan de afrontar los nuevos gobernantes, este de la seguridad social y las pensiones debiera ocupar el primer objetivo.

Entre los datos anteriores se observa un contraste que en cualquier otro país desarrollado y democrático daría lugar a un debate frontal sobre el papel de las Autonomías y los limites que deben imponerse en los capítulos de gasto, hasta ahora sometidos al capricho o conveniencias de los políticos autonómicos de turno. Causa bochorno contemplar cómo sin freno alguno el despilfarro autonómico dilapida año tras año miles de millones en satisfacer una extensas redes clientelares pagadas con dinero público y otros oscuros intereses. Y al tiempo ese mismo dinero público en las arcas del Estado no logra alcanzar el equilibrio necesario para poder atender el pago de las pensiones amenazadas ya sobre un incierto futuro. De haber algo de verguenza en los gestores que con su beneplácito se llega a consumar semejante aberración, probablemente no hubieran ocurrido tantos casos de envilecimiento de la gestión pública donde anida la corrupción en lo material y se agranda la corrupción moral sin atisbo de ética. Sin la debida moral pública será imposible reconducir esta situación y erradicar firmemente lo que está ocurriendo en tantas administraciones públicas. Y abajo, muy abajo de este gigantesco tinglado político y administrativo manejado a sus anchas por nuestra clase política absolutamente carente de todo rastro de responsabilidad y verguenza, se encuentra el español de a pie contemplando el panorama y sin capacidad cierta de corregir este incierto futuro. Durante estos años se ha probado que el voto, la única herramienta útil para el ejercicio democrático, no ha servido demasiado para evitar los excesos y vicios de nuestra clase política que encuentra un alto grado de impunidad en sus bochornosas actuaciones. De continuar esta sangría de las arcas públicas, podemos estar seguros que nuestros muchos problemas se agravaran y podrían acarrear consecuencias de alarma social y desestabilización del sistema. Si nuestro déficit público supera ahora mismo el 100% del PIB, si nuestras Autonomías y demás administraciones públicas no son capaces de contener el gasto superfluo e improductivo, esta democracia hará aguas y la desconfianza de los ciudadanos llegaría a límites insoportables para cualquier sistema político. Como ejemplo clarificador baste decir que los intereses que hay que pagar de la gigantesca deuda pública cuesta a los españoles 32.000 millones de euros cada año. Literalmente ruinoso. Tras arduas jornadas, el Sr. Rajoy acaba de presentar su nuevo Gobierno. Nada de esto debe serle ajeno ni a los partidos de la oposición tampoco. La oportunidad brinda la premura de pactos ya cuerdos, es hora ya de comenzar una urgente tarea capaz de recuperar la dignidad en la vida pública, de abandonar el cinismo, de trabajar por el bien común y atajar con medidas firmes y racionales el despilfarro, el descontrol y la desverguenza. La España contemplativa se ha acabado.