Marinería y tropa

El anuncio de que cuatrocientos militares pedirán la nulidad de la Ley de Tropa y Marinería suena a suicidio profesional por lo que conviene recordar como se llegó a ella.

Los cambios de siglo siempre fueron malos para la milicia. El siglo XIX comenzó con un Ejército desatendido y una Marina maltrecha, donde la falta de reclutamiento, la inactividad en arsenales y la inmovilización de los buques mermaron la capacidad de combatir. Así se produjo la invasión de la Península Ibérica y después la derrota francesa con la pérdida de la flota española en Trafalgar. Mas tarde, la penuria de la posguerra y el impago de sueldos hicieron común la muerte de hambre de marinos en sus casas.

Aquel enrevesado siglo terminó con otra guerra, la Hispano-Americana con Estados Unidos de América, que inició su expansión. Ahora se dice "emerger como potencia global". Esta guerra se perdió por las pocas ganas de saber lo que sucedía más allá de la Villa y Corte y la falta de buques para controlar el comercio marítimo o desplegar tropas para la defensa de los territorios de ultramar. Con ello se unió la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas a la independencia de los países de Hispanoamérica.

El siglo XX, con guerra civil por medio y neutralidad en otras, se cerró con desafecto hacia la milicia. En la década de los noventa se redujo el número de llamamientos a filas sin más criterio que el azar en un sorteo. Después, en la primera legislatura de Aznar como Presidente del Gobierno, se suspendió su obligatoriedad. La presión nacionalista catalana, la prisa por profesionalizar a la marinería y la tropa con el mantra de "como los países de nuestro entorno", y la creación de una alternativa al servicio militar, la objeción de conciencia, que de nada sirvió a quien de verdad lo era, fueron la puntilla al reclutamiento.

Así llegó el siglo XXI. Las vacantes de marinería y tropa apenas tenían un candidato por plaza. Las consecuencias: caída del número de reclutados y escasa formación de los aspirantes. La merma de alistados rondaba los diez mil al año. El problema era acuciante. Aunque se ampliaron las opciones existentes para incorporar voluntarios, estas eran poco atractivas para los jóvenes que veían mejores ofertas en el mercado laboral nacional.

Fue en 2005 cuando se buscó una solución distinta al parcheo para taponar la merma de marineros y soldados. Un modelo que satisficiera, de manera equilibrada, necesidades de las Fuerzas Armadas y expectativas de quienes optasen al oficio de la armas. El resultado debería tener: refrendo de la soberanía nacional, por lo que se optó por la articulación como ley, y recoger las experiencias de nuestro pasado y de otras naciones.

Todo junto exigía rigor en el método y celeridad en la tramitación. Así, se analizaron soluciones anteriores, se convocó a Agregados de Defensa de Alemania, Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido, se solicitó información a otras naciones occidentales con fuerzas armadas similares, se estudiaron repercusiones presupuestarias, se consultó a expertos civiles, se consideraron opiniones de los Jefes de Estados Mayor, y un largo etc. En menos de cinco años, se pasó de menos de un candidato por plaza a la veintena. Se cubrió así el primer objetivo: las necesidades de la Defensa en número y calidad de los ingresados.

La otra meta, las expectativas de los aspirantes, llevó a establecer una progresión profesional en tres etapas: un compromiso inicial de hasta seis años con la obtención de una titulación homologada, un segundo compromiso de larga duración hasta los 45 años de edad que daría derecho a una pensión de más de 600 euros y, finalmente adquirir la condición de militar permanente. Se estructuraba así para, con criterios de mérito y capacidad, evitar el alza de la edad media y mantener la exigencia física que requiere ser soldado. En todo caso, el tiempo servido en los ejércitos sería un mérito para acceder a las Administraciones Públicas, la Guardia Civil y la Policía para quienes dejasen las Fuerzas Armadas. Será bueno escuchar lo que tengan que decir los cuatrocientos, pero sin olvidar que, si llegaron hasta aquí, fue por esta buena Ley. Ya lo dijo el entonces Director General de Reclutamiento, Santos Castro, al ponente del proyecto, el Subsecretario de Defensa, Justo Zambrana: el mayor riesgo de la ley será morir de éxito.