La La Ministra de Igualdad declara que no va a dimitir. Se entiende. La Ministra ha asaltado los cielos; coche blindado de alta gama, chófer, secretaria, confort en el despacho, maneja presupuesto, coloca a amigas activistas, se ayuda de "niñeras", no quiere soltar prenda. Se entiende. La Ministra conoce el frio invernal de la agitación callejera, las manos heladas, habitación escasa, los duros trances de aquel trabajo poco remunerado, la irrelevancia social. No quiere dimitir, todo lo logrado pasaría al contenedor de basura con los errores personales y políticos. A estas alturas no puede abundar en otro error. Se entiende.

Es muy probable que ella haya leído sobre los 512 violadores, agresores sexuales y pederastas que se han beneficiado de su Ley. Y otros miles que seguirán beneficiándose por la estricta y obligada aplicación de su Ley. Entre ellos 44 ya han salido prematuramente en libertad y avisan los expertos que algún reincidente podría seguir violentado, agrediendo, delinquiendo contra mujeres, niñas y niños. No obstante, ella no piensa dimitir. Se entiende. El propósito del Gobierno del que reforma parte es reformar su Ley, pero ella se opone rotundamente, porque la reforma significa el fracaso inocultable de su única labor legislativa, su fracaso personal y político. Se entiende. En países medianamente civilizados los errores políticos que perjudican el interés general traen como consecuencia directa de la dimisión del responsable. Ella no quiere asumirlo porque ocurra lo que ocurra va continuar en el gobierno a pesar de las evidencias contra viento y marea. Porque sabe bien que nadie ni nada la pueden cesar, está blindada frente a este y otros posibles errores o fracasos. El Presidente del Gobierno ha renunciado en su beneficio personal a ejercer su primera función, nombrar o cesar a sus ministros y altos cargos, está atado a ellos y todos penden de la misma cuerda. Se entiende. Y muy convencido declara que no ve motivo alguno para ningún cese en su gobierno, menos aún para una crisis. Los españoles habrá de estar eternamente agradecidos por el sacrificio de Sánchez manteniendo en su gobierno Ministros y Ministras que prueban en una sola Ley, indigencia intelectual y anorexia cultural.

La ignorancia no está penalizada. Ni la falta de capacidad tampoco. Pero si se pueden corregir y evitar en cualquier actividad de carácter privado. Enviando una notificación de despido. Pero en España la actividad política se rige por otros principios donde la efectividad y la capacidad de gestión no están entre los requisitos para ejercer o manejar el dinero público. No hay despidos, por ninguna causa ; el fracaso, el error, incluso la corrupción para proteger la imagen y las siglas ,el sustento, el partido, el poder, todo eso. En consecuencia, la voluntad de asumir la mínima responsabilidad no está en la mente de la Ministra, los políticos no son responsables de nada. Nadie podría exigir a esta Ministra un comportamiento distinto a otros políticos afines. Menos aun cuando está gozando del paraíso terrenal. Ese paraíso prohibido ahora a disposición de quienes en otras circunstancias no habrían podido soñar con semejante poderío, la percepción humana de quien le ha tocado el euro millón sin haber arriesgado un solo euro. La fatal consecuencia son los efectos colaterales de esta Ley tan cuestionada y tan perniciosa, su Ley, de la que tanto se enorgullecía. Tuvo ocasión de atender los avisos de los Organismos consultivos y de prestigiosos juristas que señalaron las rebajas de pena e incluso la excarcelación de condenados por las agresiones sexuales más peligrosas que traería la aplicación de su Ley. Incluso el demoledor informe de 26 páginas que le hizo llegar el entonces Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo donde se ponían de manifiesto los errores gravísimos del proyecto de Ley como una "masacre legislativa jurídica y ortográfica": Ella no atendió nada, lo de la ortografía es una cuestión totalmente fascista, se envalentonó en su ignorancia y preponderó la arrogancia. Una vez conocidas las fatales consecuencias de la aplicación de su Ley, ella se mantiene firme, no piensa dimitir. Se entiende. Se acoge a esa bula por la que los políticos de izquierdas pueden descalificar y señalar la labor de los miembros de la judicatura sin consecuencia alguna. Su mejor argumento; "La Ley está bien redactada, el problema es que los jueces están incumpliendo la Ley por machismo". Sus camaradas de Podemos señalaron a los jueces y magistrados de "fascistas". Con estos potentes fundamentos jurídicos, la cuestión estaba resuelta; "LA LEY DEBE SEGUIR "INTACTA"; los violadores seguirán beneficiándose. La función de cajera es muy respetable, pero no es título suficiente para erigirse con autoridad jurídica para descalificar a jueces y magistrados.

En el Congreso de los Diputados se ha puesto de manifiesto el fracaso legislativo sin precedentes que ha desprotegido a las víctimas de las agresiones sexuales y ha quebrado la seguridad jurídica y la confianza en las Instituciones. Pedro Sánchez ha enviado a la inmolación a la Ministra de Justicia quien en sesión parlamentaria asumió en solitario con carita de mártir la responsabilidad y el enorme coste social y político de haber legislado a capricho de la lucha dogmática de Irene Montero y de Podemos. Cuestión de ética y de estética. Pero la realidad es tozuda y el marketing y la propaganda no podrán eludir lo que está ocurriendo con la aplicación de su Ley.

Tardíamente el Presidente del Gobierno se ha tragado su soberbia infinita y ha accedido a plantear una respuesta que pudiera frenar el descalabro electoral que anuncian las encuestas. En vísperas electorales el PSOE se desangra en votos y en estimación en sus propias bases. Ya no se puede simular normalidad cuando todos los indicadores evidencian un trasvase de votos hacia la abstención y hacia otras siglas. La reforma de la Ley Montero se tramita en el Congreso como propuesta de ley para acelerar su posible aprobación. Como resumen se trata de volver a la ley anterior. Los juristas avisan que ni esta reforma, ni cualquier otra podrían evitar la aplicación beneficiosa para quienes continúen solicitando la revisión de las penas. Alrededor de otros cuatro mil condenados esperan turno y aplauden alborozados a Montero y su Ley. Ahora toca recurrir a la desmemoria y tragarse los sapos correspondientes. Pero el personal ha tomado nota y parece dispuesto a pasar la factura de este perjuicio social y psicológico de las víctimas de la aplicación de esta Ley. La cuestión es que la absoluta inconsistencia intelectual y nula preparación profesional, no han sido obstáculos para alcanzar los cielos. Se niega a rectificar el inmenso error, en cualquier país medianamente civilizado sería su tumba política, en España podría llegar a Vicepresidenta por derecho hereditario.

Me comenta un amigo maestro del sarcasmo; se sabe y se entiende como ha logrado ser nombrada Ministra. Lo que no se entiende es como logró ser contratada como cajera. Eso no se entiende.