El municipio de Mojácar acogió ayer unas jornadas en el Parador sobre "La necesidad y las perspectivas de reforma del urbanismo irregular en Andalucía", en las que se ha contado con la participación de numerosos arquitectos y expertos en esta temática que tanto preocupa en las comarcas del Almanzora y el Levante, donde se aglutinan el mayor número de viviendas fuera de ordenación de la provincia.

Las jornadas han sido organizadas por el Ayuntamiento de Mojácar, el Colegio Oficial de Arquitectos de Almeria y el Colegio Provincial de Abogados de Almería, Muxacra Arquitectos y Vázquez Estudio Jurídico y ha contado con varias charlas y mesas redondas en las que han participado arquitectos, políticos y abogados.

Uno de ellos ha sido la portavoz del Medio Ambiente del PP-A en el Parlamento, Aránzazu Martín, ha participado en ellas y ha pedido al resto de parlamentarios de Almería que se comprometan a llevar el problema de las viviendas fuera de ordenación en el Almanzora específicamente al Parlamento de Andalucía.

Martín ha explicado tal y como ya defendió esta semana en el pleno de Parlamento, que la nueva reforma de la LOUA que se debatió es un "parche" que con suerte va a tapar alguna cuestión, pero que no soluciona en su totalidad el problema de las 20.000 viviendas fuera de ordenación que hay en esta comarca almeriense, ni de las 300.000 que hay en Andalucía.

En su intervención ha manifestado que la LOUA ha pasado ya por doce modificaciones que no han venido a solucionar el problema y ha recordado que el PP está de acuerdo con los agentes que han participado en las jornadas y han pedido tener unas reglas de juego que sean pocas pero iguales.

La parlamentaria del PP ha pedido que igual que el PP apoyó la Proposición de Ley que se llevó a pleno, exista el mismo compromiso por parte de todos los grupos políticos para intentar solucionar el problema de los afectados en el Almanzora, y ha vuelto a insistir en que "desde el PP mientras exista un solo perjudicado al que podamos ayudar dentro del marco legal existente lo vamos a hacer".

Para Martín este nuevo intento de concesión de licencias provisionales es antimunicipalista y no soluciona la necesidad de agilizar la aprobación de las normas urbanísticas. En este sentido explica que lo que se hace es cargar a los Ayuntamientos la responsabilidad sin estar preparados para ello, porque muchos no tienen aprobadas sus normas de planeamiento.

Por otra parte, Aránzazu Martín se ha referido a la LUSA y ha explicado que la nueva normativa establece un plan general de ordenación estratégica, a medio y largo plazo, que dependerá del Gobierno andaluz; y un plan municipal de ordenación urbana, que sólo estará referido al suelo urbano consolidado y que, si bien debe ser aprobado por cada Ayuntamiento, su aprobación definitiva estará supeditada al primer plan.

"Es la pescadilla que se muerde la cola y, en vez de simplificar, la Junta opta por dos planeamientos en vez de uno", ha afirmado.