La Asociación de Personas con Discapacidad (APAFA) no cesa en su empeño para evitar devolver los más de 600.000 euros que le reclama el Gobierno central por una subvención por importe de 500.000 euros (más 120.000 en intereses) para la construcción de las instalaciones en las que ahora trabajan y que dan servicio a centenar de usuarios de la comarca de Los Vélez y de otros puntos de la provincia. El problema radica en la notificación al Gobierno de España del cambio de la empresa constructora que se hizo telefónicamente y no por escrito como dice la ley de subvenciones

Y por falta de apoyos no va a ser. Según explica la presidenta de APAFA, Matilde Díaz, ya han recogido 23.000 firmas que van a entregar estos próximos días el Congreso de los Diputados, en el Senado y en Moncloa para "reivindicar que atiendan nuestra petición porque es un disparate lo que pretenden hacer ya que no se aplica el pricipio de proporcionalidad".

Díaz ya entregó la semana pasada las más de 20.000 firmas que hasta el momento habían recogido a través de la plataforma Change.org al Defensor del Pueblo en Madrid "quien ha mostrado muchísima sensibilidad dentro de las competencias que le marca la ley".

"Ahora la solución está en la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales que tiene que ordenar la ejecución de la sentencia. La solución está de donde nunca debio partir", lamenta Díaz que insiste en que en ningún momento "hubo espíritu lucrativo" y recuerda que en caso de aplicarse la ejecución de la sentencia "las consecuencias son tremendas a nivel social ya que la Junta tendrá que reubicar a los cien usuarios a los que se les da servicio y también a nivel económico porque APAFA es el mayor motor de una comarca deprimida".