El Ayuntamiento de El Ejido ha planteado en la Junta de Gobierno de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense (JCUAPA) la necesidad de modificar los estatutos por los que se rige este ente, para adaptarlos al marco legislativo existente y, sobre todo, dotarlos de los más que necesarios mecanismos de control y transparencia que hoy tienen implantados todas las administraciones y entidades públicas.

El concejal de Agricultura, Manuel Gómez Galera, ha sido el encargo de fundamentar los cambios de funcionamiento a llevar a cabo en este ente para impulsar la modernización del mismo y proponer la dotación de nuevos mecanismos de fiscalización, eficiencia y control que vengan a incrementar y mejorar la gestión de los recursos hídricos, instalaciones, infraestructuras y partidas presupuestaria de la JCUAPA. A este respecto, la propuesta del consistorio ejidense incluye la realización periódica de auditorias económicas y la elaboración y seguimiento de un Plan Financiero y Contable.

De igual modo, estos mecanismos tendrán, también, que regular aquellas nuevas concesiones que les han sido otorgadas mediante Resolución de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, con fecha 25 de julio de 2017, de la Junta de Andalucía. Concesión que fue presentada y entregada por la propia presidenta del gobierno autonómico andaluz, Susana Díaz, en un acto desarrollado en el Auditorio Municipal de El Ejido.

En realidad se trata de "seguir el modelo de administración transparente y eficiente que hoy tienen implantados todos los Ayuntamientos y administraciones públicas, que son miembros de esta Junta Central de Usuarios, en base a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, para ofrecer total nitidez y claridad, también, en la gestión del agua de riego", explica. Por tanto, "es extrapolarlo de los vecinos a los regantes y agricultores que están afectados por las decisiones que, de forma periódica, adopta este organismo".

El edil ejidense ha defendido que "estamos ante una nueva era donde la sociedad demanda una mayor información y gestores abiertos dispuestos a someterse a los controles de fiscalización necesarios para garantizar un buen uso de tanto de sus fondos públicos como, en este caso, de sus masas de agua incluyendo la Desaladora y la Presa de Beninar que ahora se les concede, ya que de éstas dependen el poder garantizar la supervivencia del acuífero y la continuidad del modelo agrícola".