Las deudas judiciales del Ayuntamiento de Níjar ascienden a 6 millones de euros, según destapó ayer la alcaldesa Esperanza Pérez Felices, en el transcurso de la sesión plenaria que la Corporación municipal celebró en la mañana de ayer durante tres horas y media.

La cascada de sentencias judiciales que le esperan al erario local se abrió ayer con la ratificación de un decreto de la alcaidesa sobre la ejecución de una sentencia firme de 21 de febrero de 2019. El fallo judicial ha condenado a las arcas municipales a satisfacer a una empresa constructora una cantidad cercana a los 300.000 euros por el impagó de la obras en un centro educativo, que había recepcionado en 2009, pero que no había pagado el 10%.

El pago de este importe, unido a los intereses de demora y las costas judiciales, pueden elevar este montante hasta el medio millón de euros. “Es una auténtica vergüenza” calificó Juan Moreno Montoya, portavoz de Vox. “Hemos hablado con todas las empresas, con las que tenemos deudas, y van a cobrar. Les iremos pagando a medida que lleguen las sentencias judiciales. No somos tan malos y la mayoría de empresas están trabajando para este Ayuntamiento”, indicó la primera edil.

En 2015, el PSOE se hizo con la alcaldía y recibió como herencia de dos legislaturas del Partido Popular con una deuda de 29 millones -20 de naturaleza bancaria, 3 de circulante mercantil y 6 de deudas judiciales. “Estábamos en una situación de suspensión de pagos - mismos ingresos que deudas-. Si no se hacen bien las cosas, luego hay que asumir las consecuencias”, recordó Pérez Felices como un adelanto discursivo de su argumentación posterior.

“Nosotros- el grupo socialista- hemos decidido esperar las sentencias para pagar antes que tocar los impuestos. Este Ayuntamiento no va a recurrir a subir los impuestos por reclamaciones judiciales porque el municipio y sus vecinos están por encima de todo”, sentenció.

La sesión plenaria aprobó,con el apoyo del grupo socialista, el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad islámica de San Isidro para la financiación dela ejecución de las obras de modificación de la intersección del camino de Las Cruces con la carretera provincial Al- 3111 y la creación de un nuevo acceso. En una actuación pública, en suelo urbano o urbanizable, hay que soportar una sobrecarga del 37% que los promotores han de costear”, explicó la alcaldesa.