Las obras de construcción del nuevo acceso de la Carretera de Alicún a la Avenida Reino de España, un proyecto municipal presentado a principios del presente año y que persigue avanzar en la terminación de las conexiones desde la variante de la A-7 con otros puntos del municipio, tendrá que esperar. La Junta de Gobierno municipal ha aprobado la renuncia al proceso de adjudicación del contrato, al existir dos inconvenientes insalvables, por el momento, como son la no disponibilidad de los terrenos que deben ser expropiados para la construcción del nuevo vial y la ausencia de autorización ambiental de la Junta de Andalucía para el proyecto, pese a que el Ayuntamiento lo solicitó meses atrás.

Sin terrenos y sin autorización ambiental es imposible acometer un proyecto, y por tanto, también adjudicar la obra. Un total de 20 empresas se presentaron al proceso de licitación del contrato, aunque dos fueron descartadas por no presentar en tiempo y forma las garantías requeridas. El resto aportaron todas 34.710 euros como aval y la documentación exigida, pero ya se les ha notificado la devolución de la misma y la extinción del proceso, de momento. La obra tiene un presupuesto, incluyendo el IVA, de 1.400.000 euros.

El proceso no podrá reanudarse hasta que no se resuelvan los dos asuntos que han impedido que pueda seguir adelante: las autorizaciones medioambientales y la disposición de los terrenos necesarios con calificación de dominio público

El expediente y pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del proyecto fueron aprobados mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 29 de enero de 2018, habiéndose publicado la licitación en el BOPA el 16 de febrero. La Mesa de Contratación se reunió el 9 de abril de 2018 para la apertura y calificación del Sobre A, que determinó la concurrencia de las 18 empresas que cumplían los requisitos.

Sin embargo, pasados varios meses desde este trámite, superando ampliamente el plazo de dos contemplado en la propia licitación, la Mesa de Contratación resolvió proponer al órgano competente la extinción del proceso, que no podrá reanudarse hasta que no se resuelvan los dos asuntos que han impedido que pueda seguir adelante: las autorizaciones medioambientales y la disposición de los terrenos necesarios con calificación de dominio público.

La Ley de Contratos otorga potestad al órgano de contratación municipal para acordar la extinción unilateral del proceso de adjudicación de un contrato si no se puede proceder a la misma, como es el caso de esta importante construcción. El hecho de que el trazado de la nueva carretera está proyectado para salvar una rambla de titularidad autonómica exige la autorización pertinente del área de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sin que por el momento se haya conseguido por parte del Ayuntamiento.