La posibilidad de que Europa supervise las negociaciones entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sorprendido en el órgano de gobierno de los jueces, donde unos ven razonable la mediación de la Comisión Europea y otros consideran que se trata de una propuesta que no desencallará la situación.

Así se han expresado las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press después de que este viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreciera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactar que la Comisión Europea supervisase las negociaciones para renovar el CGPJ y, según fuentes del PP, el jefe del Ejecutivo se mostrara "dispuesto a aceptar este modelo".

Unos han visto con buenos ojos la propuesta al considerar que se trata de una "salida inteligente" que podría desencallar la situación de interinidad que atraviesa el Consejo desde diciembre de 2018. Aún así, han insistido en que "habrá que ver la letra pequeña" del modelo planteado por el PP. Los populares han explicado que el sistema de trabajo propuesto "pasaría por reuniones a tres en España, y por la presencia en ellas de autoridades públicas comunitarias y de perfil incontrovertible".

A favor y en contra

Los más optimistas creen que tras este nuevo acercamiento entre el PP y el PSOE podría ser que, "ahora sí", llegasen a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Otras voces en el Consejo han reconocido que cualquier intento es "bueno" siempre que se haga con buena voluntad, aunque consideran que quizás no hagan falta "un extraño" para que los dos partidos con mayor representación en las Cortes pacten los nombres de los 20 vocales que conformarán el nuevo CGPJ.

Algunas fuentes consultadas han considerado "sorprendente" que se plantee un mediador y han asegurado que con o sin la mediación de Europa el problema seguirá siendo el mismo, es decir, el cambio de modelo de elección de los vocales.

Los del PP exigen que la renovación vaya acompañada de una reforma para que los 12 vocales que deben ser elegidos entre jueces y magistrados -el llamado turno judicial- sean seleccionados por sus pares, en línea con los estándares europeos, quedando los otros 8 vocales designados entre juristas de reconocido en manos de las Cortes Generales. El presidente Sánchez descartó expresamente esta posibilidad en su reciente viaje a Oriente Próximo.

Un lustro caducado

El pasado 4 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces cumplió cinco años caducado, los mismos años que de mandato vigente, lo que supone una situación inédita que desde dentro califican ya de "insostenible" tanto para el propio órgano como para la Justicia.

Desde 2018, el CGPJ se ha ido descomponiendo. Solo quedan 16 vocales -aunque se mantiene el dominio conservador- tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo, la dimisión de Carlos Lesmes y Concepción Sáez, y el fallecimiento de Victoria Cinto. El órgano ha visto pasar tres presidentes. Lesmes dimitió en octubre de 2022 para forzar el pacto PSOE-PP y le sucedió Mozo, por ser el vocal de mayor edad. Pero este último tuvo que jubilarse el pasado 19 de julio, cediendo el testigo al actual mandatario interino, Vicente Guilarte.

Más allá del desprestigio institucional, que es ya un clamor en el mundo judicial, la situación de interinidad del CGPJ ha tenido un claro impacto en la administración de justicia por la imposibilidad legal de que un Consejo caducado realice nombramientos discrecionales en los altos tribunales.

En total hay 86 vacantes en la cúpula judicial, con una en la Audiencia Nacional, 25 en las provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y 24 en el Supremo (TS). Este último ha perdido ya un tercio de magistrados sin cubrir sus plazas, lo que ha llevado al borde del colapso a sus salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Su Gabinete Técnico, en un informe emitido hace poco más de un año, avisó de que eso supondría dictar mil sentencias menos.