La defensa del ex presidente reprocha a la Fiscalía que tiene "poco para incriminarle" cuando ha recurrido a una serie de cartas y faxes tras "bucear" en los 270 expedientes de las ayudas investigada. Insiste, sin entrar a valorar por qué no se hizo el informe de actuación por el interventor, que al no existir dicho informe las presuntas irregularidades no llegaron a conocimiento del Consejo de Gobierno.

Asegura que la introducción de las transferencias de financiación al IFA "exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico", el entonces presidente de la Junta. Dice que Chaves era "perfecto conocedor" de que con el nuevo sistema para la concesión de las ayudas "se suprimía la fiscalización previa" de las mismas.

Los abogados Carlos Sierra y Rafael Ramírez, que en abril renunciaron a su defensa por "discrepancias" con el ex director de Trabajo, vuelven a asumir su defensa en el resto de las piezas que están en fase de instrucción.

Hacienda no tenía "ninguna posibilidad de veto" sobre otras consejerías. Empleo prescindió "total y absolutamente" del procedimiento.

El presidente del tribunal preguntó siete veces dónde se "definía claramente" el proceso de las ayudas. El fiscal Anticorrupción se extraña de que la Comisión de Investigación denunciase la información "escasa, confusa y errónea".

La práctica de las periciales se estima que se prolongará en principio durante un mes.

Un funcionario destaca que hubo hasta tres o cuatro intentos de dictar una orden para regular las ayudas.

Ha ratificado como testigo lo declarado cuando compareció como investigada ante el Tribunal Supremo, que finalmente la exculpó.

Advierte de que si continúa el actual ritmo lento de las declaraciones de los testigos tendrá que aumentar las sesiones.