El temor a la okupación continúa presente entre los propietarios de la provincia, especialmente en los que sacan viviendas al mercado del alquiler y con fines turísticos, conscientes de los elevados gastos que conlleva un conflicto legal de desalojo, más los daños y gastos que puedan generar las personas que ocupan sus inmuebles. Pero la estadística delictiva muestra una realidad bien distinta, que hoy es prácticamente residual, con dos tipos de delitos en el Código Penal en retroceso desde que se viviera en los años posteriores a la crisis del ladrillo de 2008 el boom de los desahucios hipotecarios. Bajo el término ocupación de viviendas se establece el allanamiento de morada (artículo 202), un delito grave penado con entre seis meses y dos años de cárcel y si se realiza con violencia entre uno y cuatro años; y la usurpación de vivienda (artículo 245) que es delito leve y no implica penas de prisión con entre tres y seis meses de multa.

Los nuevos okupas se han profesionalizado y conocen la legislación: optan por viviendas vacías de bancos o por los impagos en el alquiler

La clave está en la “morada”. Si es una ocupación de una vivienda habitada o de una que está vacía sin permiso de los propietarios. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen un protocolo que establece su actuación urgente y perentoria en el caso de allanamiento con el desalojo de las viviendas en base al ordenamiento jurídico siempre que haya denuncia del morador. También actúan en el caso de las usurpaciones de casas, si bien en estos casos en los que no son morada no se puede proceder sin orden de desalojo previa salvo en el momento en el que se comete el delito si se produce con violencia e intimidación. Estos dos tipos de okupaciones, que suman 16.726 denuncias en todo el país durante el último año, están en retroceso frente a nuevas fórmulas como la inquiokupación asociada a los que dejan de pagar el alquiler o a las viviendas que caen en manos de organizaciones mafiosas que se dedican principalmente al cultivo de marihuana y cuya estadística delictiva no ha dejado de crecer y pone de manifiesto la verdadera dimensión del problema.

Jesús Soto, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Almería

En los ocho primeros meses del pasado ejercicio se contabilizaron 203 denuncias por allanamiento y usurpación en la provincia, por lo que esto delitos representan hoy una cuota residual. Así lo explica el inspector Jesús Soto, delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Policía Nacional de Almería, que está protagonizando una campaña informativa en la que trasladan a las inmobiliarias, comunidades y administradores de fincas y asociaciones las claves para la prevención y respuesta a las nuevas formas de okupación. Sobre las tradicionales, la Policía pone en valor que cuentan con los recursos jurídicos necesarios para que intervenir en el momento. Es el caso del allanamiento. “No hay que tener ningún miedo a que te ocupen la casa, si se acredita que hay morada, el desalojo se realiza de forma inmediata”, argumenta el inspector. Para demostrar que se vive de forma habitual o sólo en periodos puntuales, los agentes abren diligencias de investigación con la denuncia y se valoran los testimonios de vecinos y personas relacionadas con el inmueble, así como que tenga activos todos los suministros (luz, agua y gas) y la apariencia para comprobar que hay señales de activididad: ropa, mobiliario, fotografías... Da igual que los okupas lleven 48 horas o un mes, si entienden que hay un caso de allanamiento se desaloja de inmediato.

Las usurpaciones se resuelven en los juzgados

Las usurpaciones, sin embargo, al no ser morada, se canalizan por la vía judicial. Por ese motivo, son más frecuentes que los allanamientos y cada mes llegan varios casos a la Comisaría de Almería. “Los nuevos okupas ya conocen perfectamente la legislación y se mueven con garantías de que se tratará como usurpación de una vivienda vacía. Comprueban que no es morada de nadie antes de meterse, buscan casas vacías de los bancos, investigan e incluso ponen testigos de papel en las puertas, se ha profesionalizado”, argumenta Jesús Soto. Otra de las opciones al alza en la provincia es alquilar un piso y dejar de pagar a los meses, de manera que queda fuera del ámbito de competencias policial, una demanda civil en el marco de un contrato privado de un propietario y su inquilino. En estas situaciones una vivienda puede tardar más de dos años en que devuelva a su legítimo dueño que ha dejado de percibir el pago mensual, ha seguido sufragando los recibos de los suministros básicos y tiene que afrontar costes judiciales y daños en el inmueble que pueden alcanzar los 20.000 euros.

"Los propietarios no deben tener ningún miedo a perder la casa, si se acredita la morada hay desalojo inmediato”, señala el inspector Jesús Soto

La Policía Nacional recomienda buscar respaldo legal y garantías como los seguros de impago y la defensa ante la ocupación antes de comenzar un alquiler. Y una vez que se ha producido la situación dejarlo en manos de la autoridad competente, nunca intervenir con violencia ni cortar los suministros porque podrían incurrir en delito de coacciones. Lógicamente, Soto rechaza la intermediación de las empresas desokupas. Otro de los consejos de la campaña es poner los suministros (luz, agua y gas) a nombre de los inquilinos para no afrontar sus gastos si deciden no pagar el alquiler. El inspector pone el acento en la prevención y la importancia de que se contraten alarmas y medios como cerraduras anti-okupas, así como estar vigilantes de posibles síntomas como hilos de silicona, testigos de plástico u otras marcas en las puertas. En esta campaña de información, la Policía recuerda que las viviendas con uso turístico también son morada, por lo que el protocolo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad implica la restitución inmediata del inmueble objeto del delito a su legítimo poseedor.