El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se comprometió ayer a crear una comisión de propietarios que supervise la gestión de reparcelación y urbanización de más de tres millones de metros de Las Salinas, un proyecto que es estrella para el equipo de gobierno local del Partido Popular, en el poder con mayoría absoluta desde 1995, pero que es también el principal argumento de la oposición PSOE e Indapa contra la política urbanística del alcalde, ya que se levantarán entre otros, edificios con alturas medias y grandes. Amat convocó a los medios de comunicación tras el revuelo que levantó la publicación de una nota de Izquierda Unida denunciando que altos empresarios inmobiliarios y familiares de personas allegadas al Partido Popular salían principalmente beneficiados del proyecto de Las Salinas, mientras que el agricultor y el propietario de a pie desconocían el entramado inmobiliario existente.

Sobre sus presuntos intereses personales, el alcalde dijo que "hay 800 personas en esa unidad y lo que puedo asegurar es que el alcalde Gabriel Amat no tiene nada allí", afirmó ayer. Anunció que las alegaciones presentadas al documento que actualmente se exhibe a los afectados en el edificio de servicios múltiples de El Parador se estudiarían caso por caso, pero se vio obligado a proclamarlo cuando una señora de 57 años, afectada por la situación, se levantó de su asiento en el salón de plenos y le denunció al alcalde "me quitan la tierra y encima tengo que pagar para urbanizar. Así me voy a vivir debajo de un puente. Yo no me opongo a ningún proyecto, pero quiero vivir dignamente como hasta ahora, queremos lo nuestro, porque nos están obligando a dejar la tierra".

Ante esta espontánea intervención, más personas se pusieron en pie solidarizándose con sus palabras, expresadas en presencia de varios concejales del PSOE, presentes en la sala, al igual que su candidato a la alcaldía Juan Ortega, y del edil de Indapa, José Porcel. Se trata de un polémico debate que pone en cuestión el tipo de modelo de desarrollo urbanístico a realizar en los próximos años. Amat ha expresado que en la zona ahora reparcelada y en proyecto de urbanización no se descarta que se levanten torres de casi una treintena de pisos, aunque negando que se vaya a vulnerar la legislación andaluza que prohíbe el efecto de pantalla de los edificios en la costa. "Hay 594 fincas afectadas con más de 800 personas, haciéndose ahora un avance para que la gente pueda verlo, estudiarlo y comprobarlo, haciendo todas las alegaciones que tengan que hacer. Lo que es una pena es que alguna gente intente manipular lo que ahora mismo es solo un estudio inicial.