El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha impuesto este jueves dos años de cárcel y otros diez de inhabilitación para cargo público al exalcalde de Cantoria Pedro Llamas (PP) por un delito de prevaricación.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a EFE de que la sentencia ha sido dictada 'in voce' en la propia sala gracias al acuerdo de conformidad alcanzado con el exregidor, al que también se le imponen tres años de suspensión de empleo y sueldo y una multa de cuatro meses a razón de 12 euros al día.

Además, también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación su sucesor en el cargo, Gaspar Masegosa (PP), igualmente por prevaricación.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal señala que Llamas, "en su condición de alcalde", emitió el 30 de marzo de 2012 una resolución "sin sujeción a tramitación alguna", en la que ordenaba la subida de nómina de tres trabajadores del Ayuntamiento.

Según el fiscal, lo hizo con "pleno conocimiento de la arbitrariedad de su decisión" y "desoyendo" las advertencias del secretario-interventor, que había emitido un informe en el que declaraba nula esta subida salarial.

Pese a ello, el acusado presuntamente emitió las nóminas con los incrementos de retribuciones, "mensualmente durante todo su mandato", aunque fueron "constantes los reparos" del secretario-interventor.

Asimismo, la Fiscalía mantiene que, a pesar de conocer la "ilegalidad de la subida de la nómina", el segundo acusado, Masegosa, abonó "el exceso de la nómina a dichos trabajadores de forma reiterada durante todo su mandato".

Por otro lado, también supuestamente sin "sujetarse a tramitación alguna", el 25 de febrero de 2011 Llamas firmó un contrato de servicios con una empresa que "aún no se había constituido formalmente" y por el que el Consistorio debía abonar 3.000 euros a esta sociedad para su constitución, subraya el fiscal.

Para ello, pese a la "arbitrariedad e ilegalidad de su proceder", el 14 de marzo de 2011 dictó una orden de Alcaldía para abonar dicha cuantía "en beneficio único" de los socios de esta empresa.

Posteriormente, Llamas abonó "de forma sistemática" a lo largo de su mandato diversas facturas a esta empresa, en las que presuntamente no se detallaban de forma concreta los servicios prestados, además de no contar con una fiscalización previa y esto mismo se lo achaca el Ministerio Público al exregidor Masegosa.

El fiscal insiste en que el secretario-interventor llegó a formular hasta 52 reparos a las órdenes de pago, que fueron rechazados, por lo que en 2011 se abonaron 29.786 euros: 100.602,90 euros en 2012; 66.088,89 euros en 2013, y 98.411,93 euros en 2014.