Las reacciones no se han hecho esperar y distintas organizaciones ecologistas han valorado como una "aberración jurídica" la posible reanudación de las obras del hotel del Algarrobico en Carboneras tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha declarado legal la licencia municipal de obra para la construcción de este hotel que promueve Azata del Sol. Se trata de una sentencia firme, que permitiría a la promotora Azata del Sol retomar las obras del polémico establecimiento, al que solo le restaban un 5% de trabajos para su apertura.

Las organizaciones Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, que pidieron junto ala Junta de Andalucía, la nulidad de actuaciones al Tribunal Superior han comunicado que recurrirán al Tribunal Constitucional la legalización de la licencia municiopal para la construcción del Algarrobico. José Ignacio Domínguez, abogado de los ecologistas, considera los autos "un puro trámite" que les permite ahora recurrir ante el Constitucional la confirmación, por parte del TSJA, de la legalidad de la licencia de obra.

A este respecto, el abogado ha aclarado que "para recurrirla ante el Constitucional, teníamos que pedir antes la nulidad de actuaciones al Tribunal Superior. Como, después de siete meses, no la han denegado, vamos a ir ahora al Constitucional".

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace ha mostrado su "rechazo" a la decisión del TSJA, María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace España, ha declarado en un comunicado que, según "esta incomprensible decisión judicial, las obras se podrían iniciar legalmente", aunque advierte de que "sería una auténtica aberración jurídica".

La organización ha lamentado que esta resolución ha llegado "sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre si los terrenos, que se encuentran en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar e invaden lo poco que protege la Ley de Costas, son urbanizables o no".

Greenpeace ha recordado que existen tres sentencias del Tribunal Supremo y otras tres de la Audiencia Nacional que dicen que el hotel invade la servidumbre de protección, la franja que marca la Ley de Costas de cien metros de ancho desde el límite inferior de la ribera de mar. Asimismo apunta que el terreno donde se asienta el hotel pertenece a la Junta, ya que la administración ejerció su derecho de retracto.

Ante la decisión del TSJA también se ha pronunciado la Junta de Andalucía. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en funciones, María Jesús Serrano, ha señalado que, aunque respetan la decisión judicial como cualquier otra, "desde la Junta "no entendemos ni compartimos" la nueva resolución.

Serrano ha indicado, de hecho, que desde la administración andaluza se entiende que hay que esperar a la resolución que desarrolle el Tribunal Supremo (TS) acerca de si el suelo sobre el que se asienta la edificación es "meramente urbanizable" o de especial protección medioambiental, a pesar de que la decisión del TSJA es firme. Por ello, ha instado a esperar para ver el pronunciamiento del Supremo, "y cuando resuelva este caso veremos las acciones a tomar".