La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) alcanza la octava semana sin que el conflicto con el Ministerio de Justicia parezca próximo a resolverse y con una media de 600 suspensiones por semana en Almería, lo que hace que sean ya más de 3.000 las que se acumulan, de acuerdo a la secretaria coordinadora provincial, María José Cañizares.

“Queremos visibilizar esta situación. Lo que sentimos es que el Gobierno no tiene ninguna intención y no le importa lo que está pasando en la justicia (…) No hay negociación. No se entiende que se deje pasar ni un sólo día para sentarse ya a encontrar una solución a esto”, ha afirmado este miércoles a los medios Cañizares.

Ha precisado que la jurisdicción más afectada es la Civil con más de 1.000 asuntos suspendidos, seguida por la Social. Sobre ésta última, ha alertado de la gravedad de esta situación porque “el juicio que se retrasa en Social se puede ir a 2026 o 2027”.

“La Junta de Andalucía tiene preparado o tiene en cocina un plan de reactivación (…) Pero hace falta que el Ministerio” se ponga en marcha, ha añadido, toda vez que asegura no entender que el Ministerio se niegue a reunirse con el comité de huelga. “Aquí estamos, clamando en todos lados y ellos miran para otro lado”, lamenta.

Cañizares ha recordado que en abril de 2022 se alcanzaron unos acuerdos que, entre otros, reconocían la adecuación salarial de los LAJ ante las distintas funciones que habían asumido desde 2009 y que antes estaban atribuidas a los jueces. “El Ministerio, que prometió cumplir a partir de septiembre, incomprensiblemente ha roto toda negociación y se niega a hacer esta adecuación”, asevera.

Al ser interpelada sobre la subida salarial del funcionariado en general, ha manifestado que se debe al “coste de la vida” y que su reclamación se refiere a una “deuda” concreta que se arrastra desde 2009. “Además había un mandato legal en la ley de presupuestos del 2021 obligando a adecuarnos, porque el propio Parlamento reconoció que era necesario adecuar nuestras retribuciones”, ha puntualizado.

Ha insistido en que se ha “filtrado interesadamente” que los LAJ buscan una subida de 1.100 euros por persona, algo que es “radicalmente mentira” porque lo que perciben depende del puesto o destino. “En los pueblos se está cobrando alrededor de 1.400-1.500 euros. Puede parecer mucho pero se trata de una oposición de 274 temas. En las capitales se cobra un poco más pero tenemos una discriminación total. Lo único que pedimos es que se nos reconozcan los mismos grupos de población y los mismos destinos que al resto de funcionarios (…) y el mismo complemento que tienen los médicos forenses, que además cobran aparte sus guardias”, ha precisado.