Almería se ha visto salpicada por una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, centrada en una presunta trama cuyos miembros se lucraban con la identificación de cadáveres de inmigrantes de origen argelino, que hasta el momento se ha saldado con una veintena de investigados y cuatro detenidos, dos de los cuales han ingresado en prisión.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la red habría obtenido beneficios ilícitos mediante la intermediación en trámites de repatriación y funerarios en el marco de una causa secreta hasta este lunes.

Como se ha dicho, la Guardia Civil ha detenido a cuatro presuntos miembros de la red y se ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos. A los otros dos se les ha retirado el pasaporte y obligado a firmar periódicamente en sede judicial.

Según fuentes jurídicas, se les investiga por pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad en documento público y delitos contra el respeto a los difuntos tras una operación con tres registros el pasado sábado en Murcia, Molina de Segura y Cartagena, cuatro en Almería y uno en Jaén.

El instructor también ha tomado declaración a otros cuatro investigados, dos de ellos funcionarios judiciales del Instituto de Medicina Legal a los que se les imputan los delitos de omisión del deber de perseguirlos y revelación de secretos.

De acuerdo a la información adelantada por el periódico ‘El País’, entre los sospechosos se encuentran “empleados de funerarias, auxiliares forenses y personal de la Administración de Justicia adscritos al Instituto de Medicina Legal de Cartagena”. “Algunos integrantes de la red son sospechosos de cobrar a familiares de los fallecidos para facilitar de manera fraudulenta la identificación y los trámites de la repatriación de los cadáveres”, apunta este diario nacional.

‘El País’ precisa que este lunes, el juez instructor tomó declaración a cuatro de los investigados, entre los que habría dos funcionarios de la Administración de Justicia con destino al Instituto de Medicina Legal.

De acuerdo a esta información, la publicación de fotografías de cadáveres de argelinos fallecidos durante travesías en patera fueron el detonante para que la investigación comenzase hace unos meses, toda vez que habían sido supuestamente realizadas en salas de autopsias de un Instituto de Medicina Legal.

La red habría cobrado, presuntamente, a los familiares de estos fallecidos distintas cantidades para identificarlos y repatriarlos a Argelia. “No queda claro, sin embargo, si se trataba de una identificación informal con la que confirmar a las familias —a través de fotografías, por ejemplo— que el fallecido era quién buscaban o si, además, hay de por medio falsificación de documentos con los que se forzaba una identificación formal pero fraudulenta para llevar a cabo la repatriación”, precisa ‘El País’.