Tribunales

Piden 4 años de prisión para dos acusados de cultivar 393 plantas de marihuana

  • Habían adaptado una habitación y un sótano de la vivienda que tenían alquilada en Felix

El problema de la marihuana no cesa en Almería El problema de la marihuana no cesa en Almería

El problema de la marihuana no cesa en Almería / D.A. (La Mojonera)

La Fiscalía de Almería ha interesado penas individuales de cuatro años de prisión para un hombre y una mujer que presuntamente cultivaron 393 plantas de marihuana para posteriormente venderlas a otras personas.

La calificación del fiscal señala que el año pasado la Guardia Civil llevaba a cabo una investigación para determinar si se estaban realizando actividades relacionadas con delitos contra la salud en una vivienda de Felix.

En este contexto, sobre las dos de la tarde del 18 de junio, se llevó a cabo un registro, autorizado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, en este inmueble, que había alquilado la acusada en enero de 2019.

Tras esta intervención, los agentes encontraron 193 plantas de marihuana, con un metro aproximado de altura y un peso neto seco de 11.882,26 gramos, en una habitación ubicada en el sótano de la casa, que había sido acondicionado para el cultivo intensivo, con la instalación de 21 transformadores eléctricos, un filtro de aire, un extractor para la ventilación y 21 lámparas.

Asimismo, en una habitación de la planta principal, en la que habían sido instalados nueve transformadores eléctricos, un filtro de aire, un extractor para la ventilación y nueve lámparas, fueron intervenidas 196 plantas de marihuana, con una altura de medio metro.

El fiscal subraya que las plantas del sótano tenían un valor de 18.425,70 euros, mientras que las de la planta superior alcanzaban un coste de 1.862 euros. Además, mantiene que los acusados actuaron con “unidad de propósito” para utilizar el inmueble registrado para el cultivo, secado, almacenamiento, preparación y posterior distribución de “drogas tóxicas a terceras personas”.

Por otro lado, el Ministerio Público sostiene que ambos, “con común ánimo de lucro ilícito”, conectaron los aparatos eléctricos utilizados para el cultivo a un enganche “fraudulento” a la red general eléctrica, “pese a carecer de contador de electricidad que permitiese el suministro legal”, causando un perjuicio a Endesa de 3.548,05 euros.

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