El temor a la posible destrucción de pruebas hizo que la juez decretase el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Óscar Liria, quien hasta el pasado 15 de junio había ejercido como vicepresidente tercero de la Diputación de Almería. Junto a él entraban en la cárcel su primo e hijo del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez López, al que los investigadores consideran testaferro del todavía diputado provincial, así como Kilian López Solé, el empresario barcelonés presuntamente dedicado al narcotráfico en el que en un primer momento se centró la operación ‘Lúa’ de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Almería considera que este riesgo ya ha desaparecido, que las pruebas necesarias han sido preservadas y tras decretar su ingreso en prisión el 18 de junio, este miércoles acordó dejarlo en libertad con las mismas medidas cautelares que se aplicaron a los diez arrestados que no llegaron a pisar un centro penitenciario, esto es, la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte y obligación de comparecer apud acta cada quince días en el juzgado. Lo mismo se aplica en el caso del hijo del regidor de Fines y del citado empresario.

Así lo ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), indicando que el martes declaró un nuevo investigado, a quien se imputa su participación en un delito contra la salud pública, y que quedó también en libertad con las mismas medidas cautelares. Cabe recordar que el procedimiento judicial sigue abierto por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública, aunque no se ha precisado exactamente cuáles son los que se le imputan a Liria.

Se sigue estudiando, por parte de la Policía Judicial, toda la documentación recabada y los efectos intervenidos en las distintas entradas y registros, de lo que darán cuenta al juzgado a medida que vayan elaborando sus informes.

Los arrestos tuvieron lugar en las provincias de Almería, Barcelona, Girona y Murcia y en Palma de Mallorca, en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la dirección y coordinación del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de Europol.Según informó la Dirección General de la Guardia Civil, es la primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del coronavirus COVID-19 y el beneficiario de estas adjudicaciones pertenece a una organización vinculada al narcotráfico.

Los agentes bloquearon e intervinieron diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles de los afectados.

La investigación se inició a principios del año 2020 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización afincada en Cataluña dedicada al tráfico de drogas a la que está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas.

Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis por la COVID, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las sociedades del citado empresario, a cambio de la que se habrían pagado comisiones.

Liria fue arrestado el 15 de junio por la mañana y por la tarde el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, lo destituyó de sus funciones tras conocer su puesta a disposición de la Justicia dentro de la investigación relacionada con el expediente de compra de mascarillas a una empresa suministradora de material higiénico-sanitario en varias provincias.