EL juez instructor del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía imputó ayer formalmente presuntos delitos de prevaricación administrativa a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los ex consejeros de Presidencia y de Empleo, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, respectivamente, por su responsabilidad en la gestión irregular de las ayudas a trabajadores y empresas en crisis durante el periodo 2000-2010, un caso en el que se encuentran ya imputadas 272 personas entre cargos políticos, sindicalistas, abogados, aseguradoras y trabajadores incluidos ilícitamente en expedientes de regulación de empleo que costaron cantidades millonarias a las arcas públicas. El supuesto delito está castigado con pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o empleo público de siete a diez años. En el caso de Viera, el instructor del Tribunal Supremo, que ha seguido casi al pie de la letra los planteamientos de la juez Mercedes Alaya, ha encontrado también indicios de delito de malversación de fondos públicos, sancionable con pena de prisión. Lógicamente, los imputados no han sido condenados, pero las consecuencias políticas de su nueva situación jurídica son demoledoras. Con la resolución del magistrado, que acerca a los cuatro ex dirigentes al banquillo de los acusados, se pone en cuestión la política social y laboral de los gobernantes socialistas andaluces durante una década, ya que se les atribuye una actuación encaminada a repartir fondos públicos de manera arbitraria, rehuir los controles legales que la Administración tiene establecidos para gestionar las subvenciones y hacer caso omiso de las advertencias de la Intervención General de la Junta al respecto. Los efectos inmediatos de la imputación conocida ayer sobre la difícil situación política actual quedaron aminorados al anunciarse de manera inmediata que los tres diputados inmersos en el caso (Griñán, por su parte, ya había abandonado su escaño en el Senado) renunciaban a sus actas, lo que implica que pierden la condición de aforados y se someten a la jurisdicción ordinaria. El PSOE aceptó las renuncias, que habían sido pactadas con los afectados para materializarlas en el momento en que se produjera la imputación formal de delitos concretos, alejando la posibilidad de que el asunto derivara hacia una crisis en la comunidad autónoma andaluza, puesto que la dimisión de los ex presidentes y ex consejeros había sido una de las condiciones impuestas por Ciudadanos para respaldar con su voto la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta y, por tanto, sucesora de Chaves y Griñán. El futuro juicio determinará la inocencia o culpabilidad penal de los cuatro.