Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) durante 33 años y vicepresidente de la Federación Española (RFEF) durante un tramo de ese amplio periodo, afrontará a partir de este lunes en la Audiencia de sevilla el segundo y último juicio que tiene pendiente de la causa judicial abierta después de que su gestión fuese investigada por la Guardia Civil. Mientras una planta más arriba se celebran dos juicios de los ERE (uno relativo a las ayudas a Surcolor en la Sección Tercera y y otro por las ayudas a EDM Séneca en la Sección Cuarta), el hombre que dirigió el fútbol andaluz será enjuiciado por aproximadamente lo mismo, la concesión de dos ayudas destinadas a mejorar una instalación deportiva de Granada.

Los hechos que se juzgarán en la Sección Séptima datan de 2008 y 2011. El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la RFEF otorgaron 576.599,51 euros a la Federación Andaluza para que instalara hierba artificial en el campo de El Zaidín. Según la Fiscalía, el pliego de condiciones obligaba a que el contrato fuese negociado con publicidad –la defensa niega este punto–, pero Herrera presuntamente se saltó ese requisito y “consiguió” que la adjudicataria fuese Obras y Pavimentos Especiales (OPSA), aunque “se desconocen las razones de dicho favorecimiento”, según expone la acusación en su escrito de conclusiones provisionales. Para ello supuestamente presentó dos presupuestos irreales. En 2011, añade la fiscal, ocurrió lo mismo con otra ayuda de 70.195,41 euros destinados a montar una cubierta en el graderío de los mismos campos de El Zaidín, parte de la cual se empleó presuntamente para levantar una pista de pádel. En este caso, la beneficiaria fue Poligrás Ibérica.

La propia RFAF se personó como acusación particular al principio del procedimiento, pero el 24 de enero de 2022 se apartó del caso y solicitó el sobreseimiento. La única acusación que persiste en esta pieza es la de la Fiscalía, que reclama que Herrera sea condenado a ocho años de cárcel por dos delitos de falsificación en concurso medial con dos de malversación. Su defensa, ejercida por el letrado Adolfo Cuéllar (Zurbarán Abogados), asegura que no malversó ni falsificó nada y pide su absolución.

Precisamente así, libre de toda culpa, salió Herrera de las dos primeras causas incluidas en esa investigación de la Guardia Civil: fue absuelto en el primer juicio, que trató hechos similares a los de Granada pero ocurridos en Huelva, y después el juez archivó la investigación abierta sobre la contratación de una empresa del tesorero de la RFAF.

El primero de esos hitos sucedió el pasado 7 de febrero, cuando Herrera fue absuelto por la Sección Séptima de los delitos de falsificación, malversación y apropiación que le imputaba la Fiscalía por el uso supuestamente irregular de casi 80.000 euros procedentes del CSD (provenientes del 1% de la recaudación de la quiniela) para mejoras en los campos de La Orden, en Huelva, en 2009.

La Sección Séptima dio así el visto bueno a casi todas las tesis de Adolfo Cuéllar y eximió a Herrera de cualquier pecado, pero aclaró que delito había habido. El culpable, en todo caso, fue el entonces vicepresidente de la RFAF y delegado en Huelva, Félix Pérez Romón, que falsificó dos presupuestos para adjudicar las obras a una empresa administrada por... él mismo. Aun así, la Sala también lo absolvió al entender que el delito había prescrito. La Fiscalía había pedido cinco años de cárcel para los tres encausados: Herrera, Pérez Romón y el hijo de este último.

Las buenas noticias para el expresidente de la Andaluza prosiguieron el 13 de abril. Ese día, el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla dictó un auto en el que daba nuevamente la razón a Cuéllar y archivaba la investigación abierta respecto a la contratación por parte de la RFAF de Wawawasi Asesores, cuyos propietarios eran el tesorero de la propia Federación, Francisco Campos, y su esposa.

El magistrado instructor puso fin a esta rama de la causa a instancias de la Fiscalía, que no apreció indicios de administración desleal aunque pensaba que se intentó “encubrir” la relación del tesorero con esa empresa y que los trabajos que efectuó para la Federación, relativos a un nuevo sistema de contabilidad, “excedían de los cometidos de su cargo” y no tenían que ver con la naturaleza del contrato, que era de asesoramiento.

El juicio por los hechos de Granada está fijado para un par de sesiones. En principio iban a ser este lunes y este martes, pero la segunda de ellas se celebrará más adelante.

Las subvenciones públicas vs. los concursos no públicos

Eduardo Herrera fue nombrado presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) en 1986 después de ser el dirigente más joven de un club en España (con 17 años presidió la UD Bellavista). En 1988 se presentó a las elecciones a la presidencia de la Federación Española, pero no pudo con Ángel María Villar. Y en 2019 dimitió. Según expuso en el primer juicio, la decisión “en absoluto” tuvo relación con la investigación judicial. En cuanto a los contratos bajo sospecha, admitió que era “el único que podía firmarlos” en la RFAF, aunque matizó que él no los negociaba y que los proyectos aspirantes a las subvenciones del CSD eran elegidos por “el responsable de cada federación provincial”. “No estábamos obligados a realizar un concurso público ni mucho menos”, aseguró también.