La Fiscalía presentará en los próximos días un querella por la consulta soberanista del 9-N contra el presidente de Cataluña, Artur Mas, y dos consejeras tras verse avalado este miércoles para ello el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por casi toda la Junta de Fiscales de Sala, en la que hay posturas distintas en torno a los cargos públicos que deben ser acusados y los delitos que se les deben atribuir.

Tras más de cuatro horas de reunión 22 de los integrantes de la junta, órgano de asesoramiento técnico de la Fiscalía, han apoyado la propuesta frente a dos que discrepaban de la querella que se intentará presentar esta semana contra Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. El fiscal general del Estado reiterará la orden al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que se presente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la querella que elaborará la Secretaría Técnica de la Fiscalía General previsiblemente por supuestos delitos de prevaricación, malversación, usurpación de funciones y desobediencia. El delito de desobediencia se debería a que la Generalitat celebró el pasado 9 de noviembre una consulta soberanista alternativa después de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional al igual que hizo con la inicialmente convocada.

En un comunicado difundido tras la reunión, la Fiscalía General del Estado explica que la Junta de Fiscales de Sala ha expresado su apoyo "de forma muy mayoritaria" a formular querella "por el llamado proceso de participación ciudadana del pasado 9 de noviembre". En consecuencia, "el Ministerio Fiscal emprenderá las acciones legales oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada hoy". De esta forma se han cumplido las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ante la discrepancia planteada por el fiscal superior de Cataluña a cumplir con la orden formulada por el fiscal general del Estado, "que se reiterará siguiendo el criterio casi unánime expresado hoy por la junta de fiscales".

Discrepancias sobre los delitos y los acusados

Sin embargo, según han informado fuentes fiscales, se han mantenido "discrepancias técnicas" en cuanto a la forma de presentación de la querella, es decir, las personas contra las que debe dirigirse y los delitos de los que son acusados. Los fiscales con mayor categoría de la carrera fiscal han sostenido tres posturas distintas: los que apoyan la querella de Torres-Dulce en todos sus términos, los que creen que sólo debe ir contra Mas y su vicepresidenta Joana Ortega, y los que sostienen que debe ser dirigida únicamente contra el presidente catalán. Sólo uno de los 22 fiscales de sala asistentes a la reunión, Bartolomé Vargas, encargado de los delitos de Seguridad Vial, ha disentido del criterio unánime de que había que presentar querella por una simple explicación: ya hay abiertos en Cataluña diversos procedimientos judiciales y sería suficiente con que el fiscal presentara su correspondiente informe. Otro grupo de fiscales ha sostenido, en cambio, que la querella deber ir dirigida sólo contra Mas y sólo por un delito de desobediencia. No obstante, los de este grupo han sostenido que como mucho se le podía añadir también el delito de prevaricación. Según estos fiscales de sala, no se debe presentar la querella contra la vicepresidenta Joana Ortega porque "no hay hechos concretos para imputarle un delito".

También han opinado que presentar una acusación contra Mas por más de uno o dos delitos podría ser contraproducente y abriría más posibilidades a que la querella sea rechazada en su conjunto por el TSJC. Un tercer grupo de fiscales, en cambio, ha opinado que la querella debe ir dirigida tanto contra el presidente Mas como contra su vicepresidenta Joana Ortega. A lo largo de la reunión de la Junta de Fiscales, algunos de los asistentes han opinado que el fiscal general no debería contemplar en su querella el delito de malversación de caudales públicos porque este asunto ya es objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Cataluña. También la acusación por un delito de usurpación de funciones es discutible, según algunos fiscales. De forma unánime, los fiscales han manifestado su "perplejidad" por el tratamiento que los medios de comunicación han dado a las discrepancias habidas entre la Fiscalía Superior de Cataluña y la Fiscalía General en torno a la presentación de la querella. Los fiscales de sala han opinado, en este sentido, que la postura de los fiscales catalanes no ha sido en modo alguno de "rebeldía", sino que la posibilidad de discrepar y de mantener una posición distinta está contemplada en el artículo 27 del Estatuto Fiscal.

El lunes, Torres-Dulce ya ordenó a Romero de Tejada la presentación de la querella, pero el fiscal superior catalán se opuso "al no considerarlo procedente". En la reunión de la junta de hoy en la sede de la Fiscalía General solo han presentado objeciones a presentar la querella los fiscales de lo Contencioso-Administrativo Pedro Crespo y de Seguridad Vial Bartolomé Vargas.

El primero al entender que el Tribunal Constitucional no está integrado en el poder judicial con lo que duda de que haya delito de desobediencia que arrastra a los demás, y el segundo al estimar que sería suficiente con la personación de la Fiscalía en las causas ya abiertas por demandas presentadas sobre este asunto en varios juzgados. En la reunión de la junta han estado presentes 25 de sus 27 miembros, entre ellos Eduardo Torres-Dulce, que la preside.

Han asistido Luis Navajas (teniente fiscal del Supremo); Alfonso Aya (inspector fiscal); Antonio Salinas (Anticorrupción); José María Paz Rubio (Sala de lo Civil); Antolín Herrero (Sala de lo Penal); Pilar Fernández Valcarce (Sala de lo Penal); Pilar Barrero Juan (Sala de lo Social); Javier Zaragoza (Audiencia Nacional); Ángel Sánchez Conde (Tribunal Constitucional) y Olayo González Soler (Tribunal de Cuentas). También José Ramón Noreña Salto (Antidroga), Pedro Crespo Barquero (Contencioso-Administrativo); Elvira Tejada de la Fuente (Criminalidad Informática); Jaime Moreno Verdejo (Secretaría Técnica); Soledad Cazorla (Violencia sobre la Mujer); José Luis Bueren Roncero (Unidad de Apoyo); Eduardo Fungairiño (Sala de lo Penal).

Otros fiscales de sala que han acudido a la reunión son Antonio Vercher (Medio Ambiente); Anselmo Sánchez-Tembleque (Siniestralidad Laboral); Bartolomé Vargas (Seguridad Vial); Joaquín Sánchez-Covisa (Extranjería); Consuelo Madrigal (Menores); Mariano Fernández Bermejo (Fiscal de lo Militar) y Rosana Morán (Cooperación Internacional). No lo han hecho Fernando Marín Castán (fiscal togado), ya que aún no ha tomado posesión de su cargo, ni Juan Ignacio Campos (Sala de lo Penal del Supremo) por enfermedad.