España alardea del sector turístico nacional cuando las cosas marchan bien. En enero de este año, en el marco de la Feria de Turismo (FITUR), cuando aún no había constancia de la llegada de la crisis sanitaria a este país, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, decía: “El turismo es una prioridad estratégica indiscutible para el Gobierno, así como un motivo de orgullo: el Foro Económico Mundial de Davos ha reconocido a España por segundo año consecutivo como el país más competitivo en este terreno”, tal y como reza en un comunicado de la Presidencia del Gobierno con fecha del 24 de enero del presente ejercicio y el que se continúa señalando que el sector atrajo en 2019 a casi 84 millones de turistas, generó más de 92.000 millones de euros, un nuevo récord, y creó más de 75.000 empleos. Pero el sector no es un ente abstracto, sino un conjunto de empresas, con sus empleados y servicios, entre ellas, las grandes cadenas hoteleras, que hacen posible la consecución de esas cifras. Pues bien, esta “prioridad estratégica indiscutible para el Gobierno” sí parecen palabras sin fundamento cuando, llegado el momento en que la situación no es positiva, el Ejecutivo central mira hacia otro lado.

Cadenas hoteleras, pendientes de las devoluciones del IVA por parte de Hacienda

El sector hotelero andaluz acumula pérdidas desde hace un año y esta situación es insostenible. Mientras en otros países como Francia, Bélgica, Holanda, etc. se ponen sobre la mesa medidas que van desde rebajas fiscales o ayudas solidarias a fondo perdido para salvar uno de los pilares de su economía como es el sector turístico, aquí, en España, las únicas iniciativas tomadas para las grandes empresas son la posibilidad de acogerse a expedientes de regulación de empleo (ERTE) para los trabajadores, como cualquier compañía de cualquier otro sector, y la línea de avales del Estado (ICO) puesta a disposición de las empresas para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19. A esto hay que añadir las declaraciones del presidente Sánchez estableciendo relación entre la tasa de fallecidos por coronavirus y el turismo, que trasladan una imagen negativa del mismo, o las de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien en una entrevista en ABC, señalaba que “bajar el IVA al turismo solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas”.

A la falta de ayudas por parte del Gobierno central, se suma lo que éste debe a las empresas. Así hay compañías a las que Hacienda aún no les ha devuelto el IVA originario de determinadas obras de remodelación que han llevado a cabo en algunos hoteles, como ha expresado por ejemplo José María Rossell, presidente de Senator Hotels & Resorts: “Nos aliviaría sin duda nuestra tesorería si recibiéramos estos importes, en algunos casos de varios millones de euros”. El empresario recuerda que desde Exceltur, la asociación que aglutina a las empresas más relevantes de la cadena de valor turística, han escrito al presidente Sánchez para tener una reunión con él y ni ha contestado.

Por su parte, la actuación de Junta de Andalucía también ha dejado que desear. En esta línea, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, en la misma FITUR, decía: “Tenemos que poner en valor el gran trabajo que hay detrás por parte de todo el sector: empresarios, sindicatos, trabajadores en general y cuantos profesionales están volcados en garantizar que el turismo andaluz siga gozando de muy buena salud. Cuenta con el compromiso del Gobierno andaluz en redoblar esfuerzos porque aún tenemos margen de crecimiento”. Sin embargo, estos esfuerzos no se han visto cuando el sector hotelero más los necesita, si bien, en las últimas semanas la Administración autonómica parece adquirir conciencia de la importancia de las grandes empresas que impulsan el sector y, al menos, escucha sus demandas, aunque los días que quedan para acabar el año están perdidos por falta de dinero en las arcas autonómicas. Los empresarios hoteleros andaluces no caen en el total desánimo, a pesar de aventurar que el drama llegará en el próximo año, y ponen sus esperanzas a medio plazo. Así plantean a la Junta de Andalucía crear una especie de ‘SEPI andaluza’ -salvando las diferencias con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es un instrumento para el sector público empresarial- que impulse las empresas turísticas estratégicas. La idea sería crear una sociedad pública de cara a 2021 con fondos a los que puedan acceder cualquier empresa clave para el destino en Andalucía, como existen para otros ámbitos como la exportación.

Otros países auxilian a los hoteles con fondos solidarios y rebajas fiscales; España nada

La situación de la hotelería andaluza es crítica. Tal como expone un informe elaborado por la consultora KPMG sobre el impacto de la COVID-19 en el sector hotelero de Andalucía y propuestas de medidas para su supervivencia, del que se hizo eco este diario en noviembre, la hotelería acumulará como mínimo entre 12 y 16 meses de crisis prolongada antes de hablar de inicio de recuperación, los resultados negativos y el crecimiento de la deuda suponen un serio problema de solvencia y, a día de hoy, la ratio de endeudamiento ha crecido hasta 15 veces el Ebitda del pasado ejercicio. Esta situación en los hoteles conlleva su impacto en el empleo y es que, de acuerdo al estudio, que está en manos de la Administración autonómica desde hace en tono a un mes, solo los 1.019 establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas generan alrededor de 103.340 puestos de trabajo directos y un total de 392.692 sumando los indirectos.

El documento de KPMG alerta de que se requieren 177 millones de euros a fondo perdido para garantizar la supervivencia de los hoteles de entre 3 y 5 estrellas en Andalucía asegurando así la capacidad y calidad del destino. Para una segunda fase de recuperación, el documento expone la necesidad de diseñar una batería de proyectos susceptibles de encajar en el programa Next Generation de la Unión Europea, que prevé destinar 140.000 millones de euros a España, de los cuales un mínimo de 25.700 millones deberían ir destinados al sector turístico.

Actualmente, la mayor parte de la planta hotelera de la comunidad autónoma está cerrada, pero el cero en ingresos no tiene su correlación en cero gastos. Así, un hotel vacacional cerrado de 4 o 5 estrellas, dependiendo de la ubicación y de las instalaciones, supone unos 80.000 euros mensuales de gastos, según responsables de establecimientos hoteleros de Andalucía, y hay que tener en cuenta que algunos llevan ya un año en esta situación.