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Un neonazi alemán confiesa que mató a un político por su acogida de refugiados

  • Investigan si contó con cómplices en el asesinato del conservador Walter Lübcke

  • Fue asesinado de un tiro en la cabeza en la terraza de su chalet hace dos semanas 

La Policía investiga la escena del crimen donde fue asesinado el presidente del gobierno municipal de Kassel, Walter Lübcke, el pasado 17 de junio. La Policía investiga la escena del crimen donde fue asesinado el presidente del gobierno municipal de Kassel, Walter Lübcke, el pasado 17 de junio.

La Policía investiga la escena del crimen donde fue asesinado el presidente del gobierno municipal de Kassel, Walter Lübcke, el pasado 17 de junio. / Armando Babani (EFE)

La confesión del neonazi Stephan Ernst del asesinato del político alemán Walter Lübcke, anunciada este miércoles por el Gobierno, afianza la vinculación del crimen con la ultraderecha y refuerza como móvil el rechazo del autor a la política oficial de acogida a refugiados.

Las autoridades alemanas dijeron que siguen investigando las circunstancias y la motivación del asesinato de Lübcke, pese a que por sorpresa se conoció que Ernst confesó la autoría del crimen.

El ministro del Interior, Horst Seehofer, informó de que Ernst había confesado, tras comunicarlo en una sesión a puerta cerrada de la comisión de Interior de la Cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag), pero las dudas persisten y hasta se multiplican a pesar de la revelación.

"El fiscal general nos ha informado de que el presunto asesino ha confesado", dijo Seehofer a la prensa, ante la que aseguró: "Nos alegramos de ese éxito", pero "las investigaciones no han terminado. Tenemos que seguir trabajando para determinar si hubo cómplices".

Ernst, de 45 años y conocido en círculos neonazis de Hesse (centro), fue detenido el pasado 17 de junio y la Fiscalía Federal anunció entonces que investigaba como "acto ultraderechista" el asesinato de Lübcke, un defensor de la acogida de refugiados que murió de un tiro en la cabeza cuando se encontraba en la terraza de su chalet en Wolfhagen-Istha, junto a Kassel (oeste), a principios de junio.

Odiado por la ultraderecha

En la sesión de este miércoles de la comisión de Interior, dedicada exclusivamente al caso Lübcke, participaron, además de Seehofer, el fiscal federal, Peter Frank; el presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, Thomas Haldenwang, y el presidente de la Oficina Federal de lo Criminal (BKA), Holger Münch.

Lübcke, perteneciente a la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la canciller Angela Merkel, se había convertido en una figura odiada por la ultraderecha por su actitud en defensa de los refugiados.

En 2015 Lübcke había respondido a insultos durante un acto diciendo que quienes no compartían ciertos valores humanitarios estaban en libertad de dejar el país; este miércoles, medios alemanes aseguraban que como motivo de su acción Ernst citó aquellas declaraciones del político alemán.

Según Der Spiegel, el asesino confeso hasta estuvo presente en el acto en el que Lübcke defendió la acogida de los refugiados en 2015, el año de la avalancha de éstos en territorio alemán.

Sin embargo, las autoridades no han precisado cuáles pudieron ser los motivos del crimen, que el ministro Seehofer califica de "asesinato político".

El asesinato de Lübcke ha revivido en Alemania el debate sobre la violencia ultraderechista y, desde ese lado del espectro político, el partido Alternativa para Alemania (AfD) al parecer intentó ayer desviar la atención hacia una eventual participación de la mafia en el crimen, según la revelación de detalles de la reunión de ayer en el Bundestag que hicieron algunos medios.

Tampoco se sabe por qué razón Ernst no estaba sometido a vigilancia a pesar de que se sabía de su potencial peligrosidad; y los llamamientos a un endurecimiento de las atribuciones de los servicios secretos fueron enseguida vinculados por la AfD a la presunta intención del Gobierno de limitar los derechos fundamentales.

Merkel aseguró este miércoles a preguntas precisamente de la AfD que no conoce ningún motivo concreto que pudiera activar el artículo 18 de la Constitución alemana, que prevé la privación de derechos fundamentales, como cuando se abuse de la libertad de expresión o del secreto de las comunicaciones postales y de las telecomunicaciones.

Detrás está la sospecha de los ultraderechistas de que se quiera aprovechar el momento de preocupación por atajar la violencia por motivos políticos para limitar la difusión de mensajes de quienes apoyan sus ideas tanto en redes sociales como en soportes tradicionales.

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