De nuevo me veo obligada a denunciar el trato desigual del que soy objeto en el parlamento autonómico debido a mi condición de diputada no adscrita.

Por una parte, por el tipo y la cantidad de iniciativas parlamentarias que puedo llevar a cabo, sensiblemente reducido. Máxime cuando se me ha asignado a una comisión, la de "Control y Seguimiento de la Financiación de los Partidos Políticos" que ni controla ni sigue nada, puesto que no se ha reunido jamás salvo para su constitución. Se ve que controlar la financiación de los partidos carece de interés… para los partidos. Esta inactividad no es exclusiva de dicha comisión y tampoco impide que cada mes un buen número de diputados perciban suculentos complementos en sus nóminas por ese "no trabajo" adicional que supone ser presidente, vicepresidente, portavoz o secretario de una de las comisiones que no registran ninguna actividad. Pero, por si la reducción de mi capacidad de intervención no bastase, mi trabajo en la Cámara se ve enormemente dificultado por la carencia de los medios materiales mínimos. Y no me refiero al hecho de que los grupos parlamentarios dispongan, en total, de más de 10 millones de euros cada año para su funcionamiento, lo que les permite contratar a un buen número de asesores y personal administrativo (cuando no lo malgastan colocando a enchufados ineptos). Me refiero a la mera cesión de un despacho en la sede del Parlamento en el que poder trabajar con mi equipo e imprimir los documentos que debo llevar a registrar. El edificio dispone de espacios vacíos de sobra, pero la institución prefiere desatender mis solicitudes y relegarme a un pasillo, abierto al tránsito de las personas que visitan el Parlamento, en el que no tengo la privacidad requerida para poder trabajar. El Catedrático José Martín Ostos defiende que "la aceptación (incluso, la tácita tolerancia) de desigual suministro de medios a cada representante constituiría una medida nada democrática. Con razonable fundamento, podría presumirse que se estaría persiguiendo la obtención de un concreto comportamiento por parte de la persona afectada, o que se trataría de una acción de represalia o castigo (piénsese, por ejemplo, en los diputados no adscritos)". Argumentos quizá suficientes para fundamentar el inicio de las acciones jurídicas pertinentes en defensa de los derechos de quien representa legítimamente a los andaluces. Veremos.