La familia del ministro Ábalos no tiene que aguantar ante su domicilio las protestas contra el titular de movilidad, y muchos menos sentirse presionada por los gritos de los manifestantes. Tampoco tienen ninguna responsabilidad ni culpa, por las supuestas acciones u omisiones de sus progenitores, los hijos del vicepresidente Iglesias y la ministra Montero, y por lo tanto no parece razonable que esos niños tengan que estar sometidos a las caceroladas de un grupo de manifestantes. En España los ciudadanos, sean del color o la ideología que sean, pueden acudir a las puertas de cualquier ministerio para protestar por lo que estimen conveniente y criticar a ministros y a los cargos públicos. Un grupo de ciudadanos, un sindicato o colectivo puede seguir a los ministros a actos públicos, inauguraciones u otro tipo de eventos, para llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Todas esas acciones son razonables en una democracia y están perfectamente amparadas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y manifestación. Por supuesto en el actual contexto de pandemia es obligado que los manifestantes respeten las normas establecidas por la autoridad sanitaria. El problema es si las protestas se hacen delante de los domicilios familiares, porque es entonces cuando personas que no tienen ninguna responsabilidad política ni pública, como los familiares de esos miembros del gobierno, son víctimas de este tipo de actuaciones. La jurisprudencia ha dicho que los escraches son legales, en ejercicio del derecho a la libertad de manifestación, expresión y crítica política, y por lo tanto no existe la posibilidad de impedirlos jurídicamente. Pero no todo lo que es legal es conveniente ni oportuno, y acosar y molestar a las familias de los cargos púbicos en sus domicilios no parece justo ni legítimo.

La situación no es nueva. También fue injusto el escrache que sufrió la familia de la entonces vicepresidenta del gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, a las puertas de su casa, protagonizado por miembros de una plataforma contra los desahucios. Aunque el actual vicepresidente Iglesias y la ministra Montero, justificaron en su día esta forma odiosa de protesta, muchos nos sentimos hoy solidarios con sus hijos, y rechazamos que se vean sometidos a ese acoso, venga de quien venga. Porque a la hora de ejercer el derecho a la crítica y la libertad de manifestación, se debería dejar en paz a las familias de los políticos y respetar su intimidad.