Para entendernos: la sentencia del Tribunal Supremo del jueves pasado dice que en las escrituras públicas de préstamos con garantía hipotecaria, el impuesto sobre actos jurídicos documentados lo tiene que pagar el banco y no el cliente. La resolución ha provocado un terremoto social, político y económico cuyos temblores, sin embargo, deberían haber mantenido intactos los cimientos del Supremo. No en vano se trata de una sentencia dictada desde la independencia, debidamente fundamentada y con rigor legal. A pesar de ello, parece que el golpe judicial del Supremo al estado financiero se ha convertido en un golpe de estado financiero. Así, y en menos de 24 horas, el alto tribunal anunciaba la paralización de los recursos planteados a la espera de confirmar o no su propia decisión, dada la "enorme repercusión económica y social" del fallo. Esta insólita maniobra ha generado todo tipo de reacciones y, sobre todo, un gran desconcierto entre los cientos de miles de ciudadanos que pagaron en su día los gastos hipotecarios que ahora el Tribunal imputa a la Banca. Para apaciguar las aguas, el Gobierno ha prometido la creación de una figura de protección al consumidor, aunque sabe que no podrá hacerlo pues es una competencia exclusiva de las Comunidades autónomas. Como jurista me entristece ver cómo en pocas horas, Twitter se ha inundado de memes ridiculizando al Poder Judicial. En uno de ellos, aparece una toga de un juez adornada con pines de diferentes Bancos y, en otro, se podía leer: "el TS suspende la derrota del Real Madrid, para evitar alarmismos". Más serio aún es que desde las propias asociaciones de jueces, como Juezas y Jueces para la Democracia, se haya pedido la dimisión de Díez-Picazo (presidente de la sala tercera del Supremo) por la mala imagen que su decisión ha generado en la Administración de Justicia y por el "descrédito de los propios compañeros a los que preside", según su comunicado. Si se demostrara algún tipo de injerencia en el Tribunal Supremo, ya sea gubernamental o financiera, a cuenta de esta sentencia, estaríamos ante una vulneración inaceptable del principio de separación de poderes que consagra nuestra Constitución. Desgraciadamente, en los últimos años la ciudadanía había asumido con resignación las jugarretas y las trampas de la banca. Pero, como sociedad, sería muy preocupante que aceptáramos, sin más, que los jueces cambien de criterio de un día para otro, tan solo por el hecho de que sus decisiones puedan perjudicar a un determinado sector.