No parece que retornar al sistema que lleva funcionando en este país desde hace más de dos décadas y que convierte al solicitante del préstamo en 'paganini' del impuesto, vaya a hacer que la percepción ciudadana de fraude, a la que los usuarios en operaciones bancarias se sienten sometidos, vaya a cambiar mucho. La certeza de que la banca siempre gana con esta resolución de la Audiencia llena de perplejidad a la ciudadanía. Es un escándalo la sensación de que la banca juega con reglas distintas, desautorizar y suspender en una alocada carrera la sentencia del 18 de octubre con este giro jurisprudencial, hace que la decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso, proyecte una inseguridad jurídica aplastante, que va a traer cola, en la justificada irritación ciudadana que opina que la decisión sobre el impuesto de las hipotecas prueba la connivencia con la banca. Modificar la ley, en defensa de los consumidores, es sin duda necesaria y urgente. Algo tenemos que hacer porque hay que detener esta sangría del prestigio de la justicia y, en este caso, del Supremo.

Ha sido todo un esperpento social y mediático que los magistrados del Supremo se dividieran en dos mitades casi idénticas, para decidir por mayoría el cambio del criterio adoptado hace tres semanas por la sala que se ocupa de cuestiones tributarias y que el propio presidente del Supremo resolviera el empate votando que sean los compradores los que paguen el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Fueron los bancos quienes provocaron la crisis más catastrófica de la historia del capitalismo, y a quienes se rescató con nuestro dinero. Rescatados los bancos públicos pero, a estas alturas, ¿qué diferencia vamos a hacer?

El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ya ha anunciado un cambio de la Ley del Impuesto de Actos Jurídicos y que se hará mediante Real Decreto ley, que es como el Gobierno ve la fórmula más rápida para que entre en vigor cuanto antes, esa modificación no tendrá carácter retroactivo, pero desde que se publique en el BOE, será la banca la que cargue con el coste de ese impuesto. También el Gobierno ha anunciado la creación de una autoridad independiente que proteja los derechos del consumidor y evitar así futuros abusos. Ahora hay que esperar que estas medidas, que anuncia el Gobierno cuenten con el acuerdo de todas las fuerzas políticas.