Laconstitución de los ayuntamientos este pasado fin de semana nos está dejando varias lecturas importantes a la hora de vislumbrar lo que van a dar de sí para ser los canalizadores de las aspiraciones y esperanzas de sus vecinos.

Tanto en Andalucía como en el resto de España, el PSOE ha sido la primera fuerza política en votos y concejales y, por tanto, la gran fuerza municipalista en implantación y extensión. El PSOE va a gobernar en 48 de las 100 mayores poblaciones del país y en el 55% de las capitales de provincia. En cuanto a Andalucía, el PSOE gobernará en 458 municipios de los 785 (un 60% del total), lo que supone 9 ayuntamientos más que en el periodo 2015-2019.

Otra realidad que hemos podido ver este fin de semana es la bochornosa y vergonzante lucha a cualquier precio que ha tenido lugar en muchos de los ayuntamientos, con Cs virando para aliarse como fuera con el PP y Vox y optando por ayuntamientos radicales alejados de la moderación y de la centralidad. En estos casos, no han importado los problemas de los vecinos ni lo que habían votado, tal como ha ocurrido en Andalucía, donde una fuerza como Cs ha pasado de pactar presupuestos y apoyar al PSOE, a dejar de lado a la fuerza más votada, rindiéndose con obscenidad ante las exigencias de otra fuerza minoritaria impuestas desde Madrid. Esta dinámica se ha visto también en muchos ayuntamientos, como por ejemplo en el de Almería, donde han votado a favor del acuerdo programático entre PP y Vox.

Esa radicalidad les ha llevado también, en el terreno nacional y ante la investidura del presidente del Gobierno, a actuar de agitadores y bloquear la constitución del Gobierno, sin que exista o sean capaces de presentar una alternativa. Se han instalado en el 'cuanto peor, mejor', una actitud que choca con lo que los españoles reclaman: grandes acuerdos de país, la lucha contra la desigualdad, estabilidad política para que haya prosperidad y generación de empleo y riqueza, todo ello en una sociedad que progrese y no retroceda, como deslealmente están provocando.

La ciudadanía no se merece este penoso espectáculo ni que el diálogo, que es necesario en política para llegar a acuerdos de estabilidad, se convierta en mercadeo. La ciudadanía espera de sus representantes públicos sentido común, no que contribuyan al descrédito y la falta de confianza en la política.