Asistimos al último asalto a la autonomía judicial por parte de la partitocracia. La Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial se compone de 20 miembros, 12 de ellos elegidos entre los jueces y magistrados, 4 por el Congreso y los otros 4 por el Senado elegidos por mayoría de 3/5. Pero tal disposición sólo se respetó hasta 1985, pasando entonces a ser elegidos todos sus miembros por las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional, siempre complaciente con la partitocracia, no vio la evidente incompatibilidad. Aquella intromisión de los partidos políticos en la Justicia respetaba no obstante la exigencia de una mayoría de 3/5 del Parlamento para su elección, lo que obligaba a ponerse de acuerdo a los principales partidos, haciendo que el "reparto", sin dejar de ser vergonzoso, permitiera al menos vetar nombramientos inaceptables para unos u otros. Eso es precisamente lo que PSOE y Unidas Podemos quieren eliminar, pasando a ser suficiente la elección por mayoría absoluta.

Hacerlo vía Proposición de Ley de los partidos que apoyan al Gobierno, en lugar de ser éste el que presente un Proyecto de Ley (que sería lo lógico), sólo busca hacer innecesario recabar los informes preceptivos del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, y de esta forma evitar que alguno de estos órganos se muestre contrario a la aprobación de la misma, lo que demuestra el desprecio del Gobierno a las instituciones y su intención perversa de politizar la Justicia y tenerla controlada. Hasta ahora todos los partidos políticos han participado en el "reparto" sin el menor pudor, pero esta reforma pretende dar un paso más y destruir la poca autonomía que aún quedaba en el ámbito judicial. Mientras los partidos -todos, sin excepción- no saquen sus manos de la Justicia y permitan su verdadera autonomía, ésta no podrá gozar de la confianza de los españoles y seguirá estando desprestigiada, pues seguirá siendo sumisa a los dictados y conveniencias de la partitocracia. La autonomía y el respeto a la diversidad de funciones propias de un Estado de Derecho, exige que las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales no sean controladas y contaminadas por los partidos políticos, de forma que cada institución funcione por sí misma con plenas garantías. Eso en España hoy no sucede más que teóricamente, y si esta reforma sale adelante, lo será aún menos.