Han bastado unos pocos días para que los ayuntamientos de nuestro país se hayan situado en el centro de la política. Con el nuevo Gobierno, los ayuntamientos españoles han iniciado una senda de protagonismo y podrán ver respondidas sus demandas y reivindicaciones, gracias a las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda, en la línea de comprometerse a flexibilizar la regla de gasto y ampliar el uso por parte de los ayuntamientos del superávit. Los consistorios de toda España han encontrado por fin un Gobierno receptivo y decidido a hacer frente a los años de pérdida de autonomía y asfixia financiera generados por el Partido Popular, que terminaron provocando la reducción de prestaciones y una menor calidad de los servicios municipales que los ayuntamientos venían prestando a sus vecinos. Tampoco se puede olvidar el abuso que supusieron los planes de pago a proveedores impuestos por el Ministerio de Montoro, que castigaban a los ayuntamientos con intereses más altos incluso que los que establecían los bancos en ese momento.

Afortunadamente, ahora el nuevo Gobierno va a impulsar, desde un grupo de trabajo en el que participará la Federación Española de Municipios y Provincias, cambios legislativos que blinden a los ayuntamientos. Se abre, pues, una etapa de estabilidad y certidumbre para las administraciones locales, con estas medidas y otras que se estudiarán, como la de revisar la regla de gasto para ampliar el margen de los ayuntamientos para utilizar el superávit. En este sentido, respetando siempre la estabilidad presupuestaria, se pueden explorar nuevas fórmulas, como la ya anunciada por la ministra para que la aportación municipal a los programas correspondientes a fondos europeos se pueda financiar con cargo a ese superávit, sin que ello compute en la regla de gasto, algo que se venía pidiendo desde las administraciones locales, sobre todo porque ya los fondos europeos venían destinados a inversiones financieramente sostenibles.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una etapa de sensibilidad, que abre un horizonte a los ayuntamientos para la ejecución de sus políticas si han tenido una política económica ajustada y han cumplido las exigencias de estabilidad presupuestaria, algo que, por cierto, han venido haciendo en estos años y mejor, incluso, que el propio Estado.