La Atención Primaria es el talón de Aquiles de la sanidad pública andaluza y el origen de muchos de sus problemas. La falta de rapidez y de la calidad en la asistencia son motivos de quejas de los usuarios y están en la base de las protestas que periódicamente se trasladan a manifestaciones callejeras. No es arriesgado afirmar que la sanidad, y dentro de ella la Primaria, es el principal problema de gestión al que tiene que hacer frente el Gobierno de Juanma Moreno y que, en líneas generales, la situación es la misma que se producía antes del cambio político de 2018. Aunque quizás no sea el principal reto al que tiene que hacer frente, el hecho de que durante el año pasado se perdieran casi tres millones de citas por incomparecencia de los usuarios que las habían solicitado es un factor que contribuye a deteriorar la calidad del sistema y a restarle eficacia. Esta cifra supone que se podría haber atendido a un 7% más de pacientes, que quedaron postergados por la falta de educación cívica de los que dejaron pasar su convocatoria sin tomarse la molestia de cancelarla. Obviamente éste no es un problema específico de Andalucía y se produce con semejante intensidad en cualquier sistema público. En Francia, se ha propuesto como medida para atajar este fenómeno una multa de cinco euros que sería cargada de forma automática en la tarjeta de crédito del que no ha comparecido. La Consejería de Salud de la Junta ha descartado, al menos por ahora, adoptar en Andalucía una medida de ese tipo. Es una actitud entendible. Habría que ver en cada caso si la cita se ha dejado sin atender por una razón de fuerza sobrevenida o, simplemente, por desidia. Pero no cabe duda de que es pertinente estudiar medidas disuasorias para que el alto número de consultas fallidas no perjudiquen al conjunto de los usuarios. La sanidad pública es un derecho de los ciudadanos y deben ser éstos los más concernidos en cuidarla y dotarla de mecanismos para que pueda cumplir su misión.