El sistema de financiación autonómica perjudica a las comunidades más pobladas, incluidas Madrid, Valencia, Andalucía y Cataluña. Es una de las conclusiones del último estudio de la Fundación de Estudios Económicos Aplicados, de lo que cabe deducir que no es que castiga a alguna en especial, sino que perjudica a la mayoría, que es la que vive en esos territorios. El Gobierno de Mariano Rajoy adquirió el compromiso de renovar este sistema, que ya ha caducado según el calendario legal, pero de momento se ha limitado a constituir una mesa de expertos, que es el remedio de libro de quien no quiere hacer nada. Es falso que, tal como critica la Junta de Andalucía, Rajoy no quiere negociar un nuevo sistema para castigar a nuestra comunidad; no lo hace porque es complicado, porque requiere negociación y acuerdos en un asunto complicado y el presidente no es hombre que se faje en los grandes consensos. El actual sistema de financiación autonómica es obra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del anterior Ejecutivo de la Junta y de ERC, así fue cómo se fraguó el acuerdo, con Madrid, Cataluña y Andalucía. El mismo PSOE andaluz fue, especialmente, crítico con el Gobierno de Zapatero porque denunciaba que no aplicaba bien el sistema. Existía, por tanto, un malestar público anterior, aunque el Gobierno andaluz exculpaba al modelo y cargaba contra la aplicación. Un modelo que nunca ha funcionado es un mal modelo, por lo que no cabe más reflexiones: es complicado, anticíclico, poco equitativo e ineficiente. Algunas de las conclusiones de la mesa de expertos son válidas, pero lo concluyente es que los denominados sabios están divididos casi por la mitad y es que han sido nombrados por los gobiernos autonómicos. Rajoy, que cuenta con la mayoría de Ciudadanos y del PNV -partido al que le da lo mismo este tema, porque tienen un modelo particular, debe comenzar a negociar ya sobre bases reales. El nuevo sistema debe partir de una premisa: tiene que satisfacer el gasto social básico por habitante e igualarlo entre comunidades. Todos los demás criterios deben supeditarse a ello, no vale la media aritmética de los supuestos intereses, porque entonces el sistema es desigual. Haya dos asuntos que se deben conocer. Primero, que partimos de una posición complicada, porque dos de las comunidades más ricas, País Vasco y Navarra, están fuera del sistema y, además, están sobre financiadas. Y segundo, harán falta más fondos para las comunidades, y esto sólo se podrá conseguir mediante la posibilidad de subir algunos impuestos.