Todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución. El presidente del gobierno está sujeto a la Constitución. El rey de España está sujeto a la Constitución. Por esta razón esencial, el rey de España ha debido proponer a un candidato a la presidencia del gobierno aunque según lo publicado, no parece estar dispuesto a sujetarse a la Constitución .Incluso en su nombre y en el de su partido se está negociando con otros grupos políticos claramente rupturistas, enemigos de España y de su orden constitucional dispuestos a rebasar la Constitución sin recurrir a la vía de la reforma prevista en el artº 167 por el procedimiento ordinario o en el artº 168 para el procedimiento agravado. Ninguno de estos procedimientos conviene al candidato propuesto por el rey, tampoco a los partidos independentistas y golpistas y por ello el candidato recurre mediante argucias sin descripción a la vía legislativa tratando de eludir la necesaria vía de reforma cuyo último requisito habría de ser el imprescindible consenso mediante referéndum nacional vinculante. Por una sola razón; fracasaría la propuesta avalada por el PSOE y los partidos aliados con el candidato a presidente.

Se trata de una maniobra mostrenca. El poder legislativo de proseguir esta ruta trataría de arrogarse unas capacidades que no le corresponden; enmendar la letra y el espíritu de la Constitución mediante votación en Cortes sin recurrir al refrendo del único sujeto soberano, el pueblo español en su conjunto. Habrán de conocer los inspiradores de esta maniobra y sus serviles seguidores, con toga o sin toga, que la Constitución de 1.978 se aprobó con un mayoritario sentir de los españoles representados en los principales partidos políticos. Entre todos logaron el consenso unánime para redactar el texto constitucional que fue sometido a referéndum nacional el 6 de diciembre de 1.978 con el resultado de 17.106.583 votos positivos para el texto propuesto. Es decir, el 95,71% de los españoles votaron afirmativamente y aprobaron la Constitución de 1.978. Según todos los indicios, se trata de un fraude de ley encubierto con todos los eufemismos, garabatos y otras interpretaciones bastardas sobre el espíritu y la letra del texto de 1.978. No cabe en ninguna mente jurídica, tampoco en el sentido común que aquello que fue aprobado por consenso con el 95,71%& de los ciudadanos, se reforme ahora con los votos unos partidos que supuestamente lo llevarán al Parlamento, donde habrían de enfrentarse a la consideración de otros partidos contrarios a esta reforma que representan 14 millones de votos. Una minoría en el cómputo nacional, no puede derogar o reformar lo aprobado por una mayoría aplastante en 1.978.

De otro modo, el poder legislativo no puede mutar por propia voluntad en poder constituyente, de acometerse así sería el inicio de una forma de gobierno no democrática. Y al parecer en eso están el candidato Pedro Sánchez, sus socios parlamentarios; Sr Puigdemont, Sr. Junqueras, Sr. Ortuzar, Sr. Otegi y todos los Gerifaltes de los grupos antisistema, golpistas, comunistas, etc. unidos en perfecta formación contra el Estado de Derecho, la integridad territorial de España y el sistema político que nos dimos los ciudadanos. Eso es en esencia lo que parece que se avecina. Y en este momento crítico, cabe preguntarse; ¿quién defenderá la Constitución de 1.978 ?. La respuesta habría de ser; los poderes establecidos. Sin embargo, se da la paradoja siniestra que parte de los poderes establecidos está actuando flagrantemente contra la Constitución y algunos ya han actuado contra el estado español. Se trata de los socios de mayor consideración para el candidato a presidente del gobierno. En estas circunstancias puede escribirse que estamos al borde de una crisis institucional sin precedentes en la democracia española, una crisis constitucional que se anuncia irremisible, y unos poderes públicos que representan al Estado que se confabulan para socavar las leyes, los Tribunales de Justicia, y el ordenamiento jurídico que emana de la Constitución de 1.978.

No habrá que dar muchos rodeos para concluir que esta situación y esta crisis que se avecina está inspirada y provocada por un solo actor, el pretendiente a presidente del gobierno que ahora se encuentra en una difícil tesitura; dar rienda suelta a su ambición personal apoyando las demandas y exigencias de los grupos independentistas para que un delincuente prófugo de la Justicia quedara libre de culpa e impune. O bien sujetarse a la Constitución y declinar su empeño ante estas exigencias imposibles de asumir en ninguna democracia de Europa.

Según publican los medios informativos, Sánchez pretende vincular su decisión personal mediante una pregunta a las bases del PSOE. Al margen de la literalidad de la pregunta, la intención parece manifiestamente engañosa. Y todo apunta que pudiera ser aprobada por millones de militantes comilitones que subsisten por la “generosidad” de un partido político y ahora por la complacencia de su líder. Otros por confusión, ignorancia o sumisión a unas siglas o simplemente por joder al personal. En todo caso, la cuestión fundamental queda sin resolver, fuera cual fuera dicha pregunta, no afecta únicamente a los militantes del PSOE, afecta también y de manera grave a todos los españoles por igual, residan donde residan ,militen donde militen porque se trata de alterar la letra y el espíritu de la Constitución, la matriz donde se albergan los derechos y libertades de todos los españoles. Y finalmente, de ceder el candidato a presidente las exigencias imposibles de Carles Puigdemont y aprobarse en Cortes la propuesta conjunta de los partidos mencionados, cabe suponer que el Tribunal Supremo a instancias de la Sala Segunda presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional que habría de pronunciarse al respecto por la vía de urgencia, incluso con la disposición de alguna medida cautelar sobre la pretendida Ley o reforma. Según expertos juristas de pronunciarse favorablemente una mayoría de magistrados del T.C sobre este asunto de enorme calado político y jurídico, se abriría una crisis de credibilidad del propio Tribunal cuyas primeras decisiones han dejado inquietantes incógnitas. Entre otras consecuencias previsibles, según expertos juristas se podría vulnerar el principio de igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos, pilar fundamental de la democracia en el que se inspiraron los padres de la Constitución de 1.978.

En esa interrogante habrá de soportar la sociedad española una larga espera hasta que se debatiera en Cortes la propuesta que sin duda presentará el candidato Sánchez con los apoyos de los partidos mencionados. Frente a una opinión pública mayoritaria, Sánchez parece decidido a condicionar el presente y el futuro de España al dictado de un fugado de la justicia.

Habrán de conocer todos que fuera de la Constitución no hay democracia posible. Lo inquietante es que pudiera tratarse de ello, liquidar la democracia social y derecho que conocemos.