Diputado y terrorista

José Antonio Urruticoechea Bengoechea fue Diputado autonómico vasco durante las VI Legislatura (25/11/1998 a 20/03/2001) y VII Legislatura (08/06/2001 a 22/02/2005) por el partido político Euskal Herritarrok, y vocal en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco durante ese tiempo, pero es más conocido por "Josu Ternera", afamado miembro de ETA, organización criminal en la que ingresó a comienzos de 1970. En 1973 comenzó a dar contenido a su "curriculum" de terrorista, que luego le serviría como "credencial" para obtener su acta de diputado autonómico. Ya en ese año se le relacionó con el asalto del polvorín de Hernani (Guipúzcoa), en que consiguieron la dinamita y material explosivo que después se utilizaría en el atentado contra Luis Carrero Blanco.

Tras promulgarse la Ley de Amnistía en 1977, fue detenido en Francia, deportado a la isla de Porquerolles y posteriormente puesto en libertad. En la década de los ochenta se hizo cargo del aparato internacional de la banda, entonces dirigida por Domingo Iturbe (Txomin). La detención de este en 1986 le convirtió en su sucesor al frente de la banda en los años en los que llevaron a cabo algunos de los atentados más sangrientos, como el de Hipercor en Barcelona (1987), el de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza (1987) o el de la casa cuartel de la Guardia Civil en Vich (1991).

En noviembre de 1988 fue procesado por la Audiencia Nacional en el sumario relativo al hallazgo de armas y documentación de ETA en la cooperativa de muebles Sokoa, de Hendaya, dos años antes. Detenido en Bayona el 11 de enero de 1989 y tras pasar seis años en una cárcel francesa, fue expulsado y entregado a España en 1996, donde ingresó en prisión por orden de la Audiencia Nacional, acusado de pertenencia a banda armada y depósito de armas de guerra, en relación con el sumario de Sokoa, aunque fue puesto en libertad en el año 2000 al estimar el Tribunal Supremo que ya había sido juzgado y condenado en Francia por el mismo motivo.

Fue elegido diputado autonómico por las listas de Euskal Herritarrok (EH) en Vizcaya en las elecciones autonómicas correspondientes a la VI Legislatura, repitiendo como diputado autonómico por el mismo partido en la siguiente Legislatura. Su "brillante curriculum" de terrorista le valió para que su grupo parlamentario le nombrara representante en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, con el apoyo del resto de partidos nacionalistas. Pero no sólo fue diputado, puesto que también fue elegido concejal de Ugao-Miraballes en las elecciones municipales de junio de 1999.

Su situación de Diputado se mantuvo hasta 2002, cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó su imputación por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, crimen que no había contemplado la Justicia francesa. Dada su condición de parlamentario, esta decisión correspondió al Tribunal Supremo, que tras citarlo en dos ocasiones y no presentarse, ordenó entonces su ingreso en prisión incondicional y dictó una orden de busca y captura internacional contra él. Para entonces, Ternera había comenzado una huida que terminó este pasado 16 de mayo en la localidad francesa de Sallanches, y aunque había conseguido escapar de la justicia durante estos 17 años, su pista nunca llegó a perderse, puesto que en este tiempo había seguido ejerciendo un papel fundamental en ETA, como cuando llevó las riendas de la negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La operación de la Guardia Civil que ha llevado a su detención, se ha denominado "Infancia Robada" por los menores asesinados por ETA, como los de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, cuya orden de ejecución se atribuye a Josu Ternera, en el que de las 11 personas que murieron, 6 eran menores (entre 3 y 12 años), o los de la casa cuartel de la Guardia Civil en Vich (Barcelona) en 1991, en el que de las 10 personas que murieron, la mitad eran menores (entre 8 y 14 años).

La detención de Josu Ternera ha dado lugar a declaraciones desde algún sector ideológico manifiestamente contrario a ello, a los que habría que recordar que las matanzas de Zaragoza o Vich, entre otras, se produjeron en una España ya democrática, en un Estado de Derecho, en el que el asesinato de niños como las gemelas de 3 años Miriam y Esther B. A., no puede quedar impune ante la operación de "blanqueo" de ETA que algunos pretenden llevar a cabo. Perdón divino, si hay arrepentimiento, pero siempre justicia terrenal.