El programa Hitzeman

El 26 de noviembre de 2013, el Gobierno Autonómico Vasco aprobó el "Plan de Paz y Convivencia 2013-16. Un objetivo de encuentro social". Entre sus 18 iniciativas y en materia de política penitenciaria y reinserción social, contenía la previsión de desarrollo del Programa Hitzeman. En virtud del mismo, el Gobierno Vasco anunció su voluntad de impulsar un programa orientado a facilitar procesos legales de reintegración social de personas presas.

El Programa Hitzeman se entronca en el espíritu y contenido del principio de reinserción que la Constitución española consagra. Según su artículo 25.2, las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y resocialización de las personas presas.

Esta explicitación constitucional cobra un valor y relevancia especialmente destacado en un contexto de cese definitivo del terrorismo de ETA, puesto que esta circunstancia implica la desaparición de la amenaza de reincidencia en ese tipo de delitos.

En consecuencia, las condiciones sociopolíticas para desplegar políticas tendentes a la reinserción son propicias. No solo eso, a ello debe añadirse la incidencia netamente positiva que una política penitenciaria legal, consensuada y orientada a la resocialización puede tener en la normalización social de la convivencia.

Por otra parte, entre las competencias exclusivas que el Estatuto de Guernica asigna a la Comunidad Autónoma Vasca se encuentra la competencia de instituciones penitenciarias. El artículo 10.14 establece que corresponde a esta Comunidad la "Organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria".

El Gobierno Vasco tiene la firme determinación de explorar el potencial que la legalidad ofrece para promover una política penitenciaria acorde al nuevo contexto en que se encuentra nuestra sociedad. Promueve esta iniciativa desde la responsabilidad y liderazgo que quiere asumir en su compromiso con la ciudadanía vasca en materia de paz y convivencia.

La actuación del Gobierno Vasco se despliega en dos ámbitos. Por una parte, las iniciativas propositivas para abordar aquello que no está actualmente en su ámbito de competencia; y, por otra, las iniciativas propias que puede desarrollar desde sus ámbitos de competencia.

Hasta aquí les he presentado una parte de la introducción del documento que desarrolla el Programa Hitzeman, de reinserción social de los presos etarras. Pero para aplicación de este programa son necesarias dos premisas fundamentales: transferir la competencia de prisiones al Gobierno Vasco y que los presos etarras estén en las prisiones de su competencia.

La primera se cumplió en mayo de este año, cuando la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-País Vasco, presidida por el Ministro de Política Territorial y Función Pública, se reunió en Bilbao para acordar el traspaso, entre otras, de la competencia de prisiones.

La segunda se ha cumplido al ir acercando durante estos últimos meses a los presos de ETA a prisiones en los territorios foranes vascos, poniendo fin a 32 años de la política de dispersión, implantada por el Gobierno del entonces Presidente Felipe González.

Es decir, el Gobierno vasco ya tiene el control de las prisiones en su territorio, con los presos etarras en ellas, cumpliéndose con ello una de las reivindicaciones históricas de ETA como es el acercamiento de sus presos, así como el control de las progresiones de grado y los permisos penitenciarios de estos etarras.

Mientras este proceso de reinserción de asesinos etarras explicitado en el programa Hitzeman se desarrolla, conviene no olvidar que el 34% de los atentados de ETA con víctimas mortales, siguen sin resolverse, entre ellos el de mi compañero de promoción, el Teniente de la Guardia Civil Ignacio Mateu Istúriz (27 años) y el Guardia Civil Adrián González Revilla (29 años) en la localidad guipuzcoana de Arechavaleta, del que se cumplen este 26 de julio los 35 años del mismo. Aún no han podido ser juzgados los autores de ese 34% de atentados mortales, cuando ya estamos pensando en dar casa y trabajo a los que sí se les ha podido juzgar y condenar, todo ello en aplicación de sus "derechos constitucionales", después de reducirles a muchos de ellos los años de cárcel con los beneficios penitenciarios que ya se les venían aplicando.